Caos jurídico en los precios de las tarjetas revolving

España vive una grave situación de inseguridad jurídica en el ámbito de los contratos de tarjetas revolving. Se trata de una excepcionalidad, puesto que en los países de nuestro entorno existen productos financieros muy similares, pero no se observa incertidumbre. Los perjudicados son los operadores del mercado, tanto los consumidores como las entidades que comercializan este tipo de créditos. En el centro de la polémica se encuentran los tipos de interés. A la oleada de pleitos se suman interesados juicios mediáticos. Los únicos beneficiados son los despachos de abogados especializados en pleitosmasa, cuyo modelo de negocio no es compatible con el Código Deontológico de la Abogacía Española. La solución pasa por un esfuerzo en desarrollar y aclarar conceptos, que necesita del trabajo en paralelo del sistema judicial, Gobierno y Administración. La Ley de Defensa para los Consumidores y Usuarios excluye de la potestad jurisdiccional de

La inseguridad jurídica no se resolverá sin la publicación de estadísticas completas por parte del BdE

de jueces y magistrados llevar a cabo un control de precios. Lo que establece, en línea con los dispuesto por la normativa europea, es que una cláusula se considerará abusiva si se produce un “desequilibro importante de los derechos y obligaciones de las partes”. Tal y como señalan tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como nuestro Tribunal Supremo (TS), no se pone el acento en el desequilibrio económico sino en el desequilibro provocado por la ausencia de transparencia. Sólo si el contrato analizado no supera el control de transparencia podrá entrarse a valorar el precio del contrato.

Para que resulte más claro es pertinente destacar lo concluido por el TJUE en 2015 y reproducido por el TS en 2020: “no es procedente que el juez realice un control de precios que pueda anular una cláusula que establece el precio porque este resulta desproporcionado a la prestación”. Como regla general, en nuestro sistema económico rige la libre fijación de precios.

No obstante, en España pervive desde 1908 otra norma que afecta al control de precios, la Ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, conocida como Ley de Usura o Ley Azcárate (en honor a su proponente, el diputado leonés Gumersindo de Azcárate). En demasiadas ocasiones esta norma ha sido objeto de malinterpretaciones. No permite establecer un precio máximo que en caso de superarse permita concluir que el tipo de interés es usurario. La nulidad solamente afectará al que sea “notablemente superior al tipo de interés normal del dinero y manifiestamente desproporcionados con las circunstancias del caso”. Por lo tanto, el criterio de medición empleado debe ser dinámico y no cabe la rigidez de una regla general o la fijación de un porcentaje determinado que establezca tal carácter usurario.

No se trata de si el precio de partida es alto o bajo en abstracto, sino cómo es la tasa anual equivalente (TAE) del contrato en comparación con las TAEs habituales del mercado en el momento de su celebración. En este sentido, el TS ha confirmado en su última sentencia sobre tarjetas revolving la necesidad de comparar la TAE del contrato con el índice de referencia más específico de los publicados por el Banco de España. Lamentablemente, desde las primeras instancias e incluso desde Agencia Catalana de Consumo, que llevó a cabo una discutible campaña de inspección, se insiste en fijar un umbral genérico de usura en un tipo de interés del 20%. Ante esta situación, las

Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo deberán continuar con su labor de aclarar y desarrollar conceptos.

El Banco de España publica estadísticas que pueden ser empleadas como índices de referencia, pero son incompletas, lo que supone que en muchas ocasiones no haya suficientes elementos de juicio para jueces y magistrados. Publican el tipo efectivo definición restringida (TEDR), que no es comparable a la TAE porque no incluye comisiones. Al mismo tiempo, se mezcla el índice de referencia de contratos de tarjetas de crédito y revolving, debiendo desglosarse para diferenciar cada uno de ellos. Si bien es cierto que existe una publicación de las TAEs más habitualmente contratada por cada entidad financiera, este dato tiene una profundidad histórica limitada. La inseguridad jurídica no se resolverá sin la publicación de estadísticas completas bajo estrictos criterios técnicos por parte del Banco de España.

Con una mirada a más a largo plazo, el Gobierno podría desarrollar una regulación en la que se definiera lo que es un precio normal de mercado y cómo debe calcularse. Se ha hecho en muchos países europeos y tal vez la nueva Directiva de Consumo nos proporcione el empujón necesario a nosotros.