Italia comunica a Bruselas una ejecución de fondos europeos que duplica a la de España

El éxito de los fondos europeos contra la crisis que desató la pandemia se juega sobre todo en los dos grandes países beneficiarios: Italia y España. Ambos van lentos, pero uno más que otro. El primer ministro italiano saliente, Mario Draghi, comunica a la Unión Europea una ejecución para 2022 que duplica la de España. «De los 191.500 millones asignados a Italia, unos 21.000 millones se habrán ejecutado de forma efectiva a finales de este año», señala el documento oficial de actualización del plan presupuestario para el período 2023-2025, llamado Nadef. «Esto deja unos 170.000 millones para gastar en los próximos tres años y medio, recursos que, si se utilizan plenamente, contribuirán de forma significativa al crecimiento», añade el documento admitiendo que queda aún el grueso por ejecutar. Este dato aparece en el Nadef aprobado por el Ejecutivo italiano a propuesta del propio Draghi y del ministro de Economía, Daniele Franco con destino al Parlamento y a Bruselas.

¿Y cómo va la ejecución en España? El Gobierno se ha resistido vergonzantemente hasta ahora a dar datos oficiales más allá de los pagos realizados a comunidades autónomas, ayuntamientos o entidades públicas para que, a su vez, los ejecuten. No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) hace una triste estimación en el muy tibio aval que ha prestado al cuadro macroeconómico de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño para los Presupuestos de 2023.Y esa estimación no supera los 10.000 millones, la mitad que en Italia.

«La AIReF estima que en 2021 el impacto habría sido prácticamente nulo debido al retraso en la materialización de las inversiones, en tanto que se estima un impacto de 0,8% del PIB en 2022 y del 2% en 2023», firma la presidenta Cristina Herrero. Es decir, que el organismo independiente que

vigila la situación de las finanzas públicas estima que el Gobierno prácticamente no ejecutó realmente fondos europeos en 2021 y que, en 2022, llegará como máximo al 0,8% del PIB, unos 10.000 millones actualmente. Esta cifra es también muy inferior a los 26.900 millones que presupuestó el Gobierno para 2022.

La AIReF se ha quejado también de falta de transparencia en la ejecución de los fondos. ¿No hay manera de que el Ministerio de Economía facilite un dato como el que da el Gobierno italiano? «Por lo que respecta a la ejecución del PRTR, en el acumulado 20212022, a finales de septiembre del año actual se habían autorizado un total de 43.686 millones de fondos del Plan de Recuperación, se habían comprometido 37.213 millones y se habían reconocido obligaciones por 32.989 millones», sostiene el Gobierno en el proyecto de Presupuestos para

‘‘

No representa ni un tercio el dinero que ha llegado a la economía española de los 31.036 millones que Bruselas ha transferido al Gobierno

2023. Es decir, habla de pagos autorizados, comprometidos, reconocidos... pero nunca los realmente ejecutados. España ha recibido ya, según datos oficiales, 31.036 millones de Bruselas en sucesivos pagos iniciados hace más de un año y, con suerte –y si acierta la AIReF– acabará 2022 habiendo ejecutado algo menos de un tercio.

En el proyecto de Presupuestos el Gobierno da esta explicación: «Si el año 2021 fue el del lanzamiento del Plan de Recuperación y el año 2022 ha sido durante el cual se ha alcanzado la velocidad de crucero y puesta en marcha de las reformas e inversiones del Plan, el año 2023 se constituirá en el año de máximo despliegue de las reformas y de las inversiones». Es decir, el año que viene sí que sí dice ahora el Gobierno.Y eso que en 2020 el presidente del Gobierno anunció que España se endeudaría para adelantar tiempo e ir gastando los fondos antes de que lo transfiriera Bruselas.

¿Por qué sin ser Billy el Niño desenfundando fondos, el Gobierno de Draghi está ejecutando más rápido? Según los informes de seguimiento de la patronal CEOE, porque «Italia ha adoptado la fórmula de concurrencia competitiva centralizada en vez de asignado de fondos a las autoridades locales y regionales en función de criterios definidos por el Gobierno». «Es destacable que una parte importante de la asignación regional de los recursos no se determina por criterios fijados por los distintos Ministerios, sino que se deja en manos de procedimientos competitivos». Además, el informe destaca que ya desde el pasado año, «el Gobierno italiano ha adoptado algunas medidas para reforzar las plantillas de profesionales del sector público destinadas a la gestión de fondos como la incorporación de mil expertos».

Queda por ver si la sucesora de Draghi, Giorgia Meloni, puede mantener o mejorar el ritmo de ejecución del Gobierno actual. Ella misma se ha quejado hasta ahora de lentitud.“Heredamos una situación difícil: los retrasos en el Plan son evidentes y difíciles de recuperar, y somos conscientes de que será una carencia que no es de nuestra cosecha pero que también se nos atribuirá». Draghi lo niega, porque, en su opinión, si realmente hubiera un retraso, la Comisión Europea habría empezado a restringir la entrega de nuevos fondos.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, mantiene un listón bajo de exigencia para que el programa Next Generation, estelar en su mandato, sea percibido como un éxito, pero la presión va a ser creciente y ya se percibió otro tono de los enviados de la Comisión Europea, Céline Gauer y Declan Costello, a Madrid el mes pasado al detectar los problemas de ejecución y falta de transparencia.

Otro factor que influye en la baja exigencia de la UE sobre los principales beneficiarios es que la reputación de solvencia de Draghi era una tranquilidad para los países del norte, pero sin él al frente, la vigilancia sobre el uso de los fondos se intensificará y no sólo sobre Roma.