A por 11.822 del FLA sólo en el ejercicio 2023 tras recibirlo desde 2012

La Guardia Civil incautó el correo en su investigación sobre las estructuras de Estado que estaban montando clandestinamente funcionarios independentistas. El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, respondió a las 17.32 a la actual consellera de Hacienda, Natalia Mas, para felicitarla por su idea. Ambos eran entonces, aquel dos de diciembre de 2016, secretario general y directora general a las órdenes del vicepresidente Oriol Junqueras y a Aragonès le gustaba la propuesta de poner en un brete al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La ahora jefa de la hacienda catalana en el Govern de Aragonès planteaba aquel día solicitar a Montoro el preceptivo permiso para «una pequeña emisión de deuda como estrategia para ganar confianza en la sociedad catalana de cara a un referéndum». Para ambos era una idea ganadora para el independentismo: «En el caso de que el Estado lo permita, el acceso al mercado daría una imagen de independencia financiera; y si el Estado deniega esa posibilidad se puede utilizar esa respuesta de forma mediática como trato discriminatorio a Cataluña».

Los que se intercambiaban tales juegos contra el Estado continuaron después en sus puestos durante la aplicación del artículo 155 y son los que mandan ahora en las cuentas de la Generalitat. Son también ambos los que han solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el mayor bocado del próximo año a los fondos de financiación de las comunidades autónomas, especialmente el más conocido de todos ellos: el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La solicitud de árnica al Estado asciende en 2023 a 11.822 millones de

De izquierda a derecha, la consellera de Hacienda, Natalia de Mas, el de Empresa, Roger Torrent, la de Presidencia, Laura Vilagrà y el presidente de la

euros, según una presentación de Natalia Mas a inversores extranjeros.

Esta cifra supone el 40% de los 29.482 millones que, según hizo público este martes Montero, proyecta repartir entre todas las comunidades que quieren liquidez y mantienen una calificación de solvencia tan baja que necesitan pedírselo al Estado en vez de intentar, como Madrid o País Vasco, emitir deuda en los mercados.

El sueño de Aragonès y Mas de desengancharse de estos fondos estatales tendrá que esperar, y, según la mencionada presentación, correspondiente a noviembre, la Generalitat necesitará la liquidez del Estado al menos hasta el año 2033.

De momento, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ya ha procedido a un reparto del primer trimestre asignado a la Generalitat

Generalitat, Pere Aragonés. El Govern ha solicitado 11.822 millones al Ministerio de Hacienda para cubrir sus necesidades financieras para el próximo año.

catalana de 4.749 millones, un 44% del total. Le sigue a enorme distancia la Generalitat valenciana de Ximo Puig que recabará en los tres primeros meses del año 2.790 millones, un 26% de la tarta.

Con esta primera inyección de 2023, el Estado habrá concedido más de 130.000 millones a la Generalitat de Cataluña desde 2021, sin que el procés ni el referéndum ilegal de 2017 hayan frenado que siga fluyendo el dinero del Estado a tan importante comunidad autónoma para evitar que colapsaran sus servicios públicos, aún cayendo en el demostrado riesgo de que se use parte de ese dinero

contra el orden constitucional.

Esta cifra supone un tercio de los 405.265 millones repartidos desde 2012 entre todas las comunidades. Por eso el hecho de que en los últimos tiempos, la Generalitat cope el 40% del total supone un ascenso significativo. El sistema consiste además en devolver el dinero prestado por el FLA a través de un nuevo préstamo al mismo fondo, con lo que la bola no para de crecer.

Actualmente, según las cifras de la consellería de Hacienda catalana, el 82% de la deuda de Cataluña es con el Estado, mientras que el pequeño resto corresponde

Los que mandan ahora en las cuentas catalanas se intercambiaban correos en 2016 sobre cómo jugar con la deuda para el referéndum ilegal

sobre a todo a préstamos bancarios, con aval también estatal. ¿Y los bonos catalanes? Representan ya apenas un 3% del total, porque la Generalitat continúa con calificación de bono muy basura en Moody’s y ni siquiera tiene rating en Standard&Poor’s, porque Aragonès le retiró el contrato tras colocar ésta a las arcas catalanas en situación de riesgo alto de impago. De entre las agencias líderes, sólo Fitch otorga un aprobado a la Generalitat con

BBB-, por debajo de la A- de España y de otras comunidades autónomas y a la altura de Chipre en la escala de esta institución.

Por tanto, salir al mercado sería muy costoso para la Generalitat, por lo que en la presentación a inversores no se ven síntomas de independencia financiera en un horizonte previsible. Lo que se evidencia es que prevé seguir enganchado al FLA solicitando de media unos 7.000 millones anuales hasta 2027 y a partir ahí ir descendiendo el acceso a la ubre hasta 1.685 en 2033.

De los 131.000 millones prestados, la Generalitat adeuda al Estado 69.438 millones. ¿Los devolverá? Un viejo plan coincidente del líder socialista catalán, Salvador Illa, y de Aragonès es conseguir en la próxima reforma de financiación autonómica una «reestructuración de la deuda» de modo que haya quitas y extensiones de pago que resten lastre a las arcas catalanas. De ese modo, las agencias de calificación elevarían el rating a la Generalitat y ésta podría empezar a salir a los mercado como País Vasco o Madrid, aunque tanto Aragonès como su consellera de Hacienda, dejaron bien claro por escrito que esa operación de financiarse en el exterior tiene otro fin supremo. A la Guardia

Civil le quedó muy claro.