Tras los muros de un CIE
▼ Jueces, abogados y la Oficina del Defensor del Pueblo reconocen que, gracias al trabajo de los voluntarios del Servicio Jesuita a Migrante, llegan a su conocimiento numerosos casos de vulneración de derechos en los Centros de Internamiento de Extranjero
«Entras y pierdes tu dignidad como persona», y afuera, «un juez está a punto de destrozarme la vida al separarme de mi hijo». Este era el grito de impotencia de una mujer de 27 años deportada a Marruecos, mientras su bebé y el resto de su familia permanecían en España, lugar donde ella había vivido desde los tres años. El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) pone voz a muchas historias de dolor similares a esta que suceden diariamente tras los muros de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). La presencia de sus 54 voluntarios permite también que lleguen a la Oficina del Defensor del Pueblo o a los jueces de control casos de vulneración de derechos que, de otro modo, jamás serían conocidas. El SJM ha presentado en el Senado su informe anual sobre la situación en estos centros.
Sufrimiento inútil es el título del informe 2017 del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), presentado el 7 de junio en el Senado. Se trata de lugares en los que –denuncia la organización– se conculcan sistemáticamente los derechos de personas que no han cometido ningún delito pero son recluidas en estricto régimen carcelario.
Como una macabra lotería que estadísticamente le toca a una de cada tres personas, de los 28.572 extranjeros que entraron irregularmente en España en 2017 (la mayoría, en pateras), acabaron en uno de los ocho CIE cerca de una tercera parte, unos 9.000, según criterios a menudo aparentemente arbitrarios. De ellos (segunda lotería), otra tercera parte (3.287 personas) fueron repatriados a su país, mientras que el resto quedaron en libertad transcurrido el máximo legal de 60 días, por lo general al no haber podido ser identificados. Eso sí, «en muchos casos, se los pone en la calle en lugares distintos de donde vivían, en ciudades donde no conocen a nadie, sin más medios que un billete de metro», denuncia Iván Lendrino, responsable del trabajo en los CIE de la ONG jesuita Pueblos Unidos.
Vista la inutilidad práctica de esta medida, el informe apunta como conclusión lógica que la finalidad de los CIE es lanzar un «mensaje para que la opinión pública sienta que se controlan las fronteras». Algo absurdo en un momento en el que «no hay un problema de grandes cifras con las migraciones», pero en el que Europa se ha instalado en «una dinámica de hostilidad» hacia los migrantes, abundó en la presentación José Ignacio García, director regional para Europa del Servicio Jesuita a Refugiados. «No hay ninguna necesidad de tratar mal a estas personas», recalca.
Especial atención pone el informe en el «fraude de ley» que supuso en 2017 la habilitación por parte del Ministerio del Interior como CIE de la cárcel de Archidona (Málaga), que entonces aún no tenía siquiera listas sus instalaciones para albergar internos. El centro fue desalojado tras el suicidio
del argelino Mohamed Bouderbala, ocurrido tras un incidente menor (un policía acusó a un interno de haber robado un trozo de pan) que los agentes – apuntan los testigos– gestionaron como si fuera un motín carcelario. Al parecer, «no se habría tratado de una reacción puntual y aislada, sino del patrón de conducta habitual de un grupo de policías señalados por el menosprecio que mostraban hacia los internos, la frecuencia con la que los provocaban y la contundencia con la que empleaban la fuerza contra ellos», recoge el informe.
La «impunidad policial» es uno de los problemas endémicos en los CIE españoles, según Mª. Carmen de la Fuente, vicepresidenta de SJM. Con todo, la responsabilidad no se puede simplemente descargar en los agentes. «Quisiera romper una lanza a favor de los trabajadores que hacen una labor para la que ni están preparados ni tienen por qué estarlo. Los policías no son trabajadores sociales ni tampoco psicólogos», dijo durante la presentación en el Senado un representante de la Oficina del Defensor del Pueblo. Para esta institución, muy crítica en sus informes sobre la vulneración de derechos en los CIE, existen graves deficiencias como la falta de atención sanitaria o la inadecuación de las instalaciones. Gracias a la información que proporciona el SJM –reconoció el representante–, «llega a nosotros la voz de personas que de otra forma no serían escuchadas», lo cual «nos ayuda a realizar el trabajo que la Constitución nos asigna y para el que los españoles nos pagan».
Otra de sus críticas se refirió al desinterés de algunos jueces que, como garantes de los derechos de las personas, no pueden desentenderse de lo que les ocurre a quienes envían a un CIE. «Son pocos los que se remangan y se meten en profundidad», lamenta Iván Lendrino. Uno de esos magistrados –apunta– era el recién jubilado juez de control Manuel Ramiro García de Dios, quien abre el informe con una contundente crítica contra «la barbarie» que significan estos «centros de sufrimiento y espacios de opacidad e impunidad policial». Coincide este juez en señalar la importancia de la presencia del SJM en estos lugares, sin la cual «una parte relevante del ejercicio garantista de mis funciones jurisdiccionales –asegura– no hubiese sido posible».
Gracias a los 54 voluntarios de la organización, se han detectado también numerosos casos de personas indebidamente internadas, como víctimas de trata, menores de edad y otras personas susceptibles de protección internacional. Situaciones así «son por desgracia frecuentes», lamenta en conversación con Alfa y Omega Marcelo Belgrano, miembro de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y responsable de los Servicios de Orientación Jurídica de Extranjeros en el CIE de Aluche. Tampoco él es partidario de que existan estos centros, pero puestos a elevar una petición al nuevo Gobierno, sus pretensiones son mucho más simples: «Que se cumpla con el propio reglamento en los CIE. Y, por favor, que se respete el derecho a la asistencia letrada. Hay muchos derechos reconocidos que, en la práctica, no se están respetando».