La CEE responde al Gobierno: no a una «desamortización encubierta»
Un congreso reunirá a eclesiásticos y a dirigentes políticos de las últimas cuatro décadas para reivindicar el papel de la Iglesia en la Transición
«Una desamortización encubierta». Así ha calificado el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), José María Gil Tamayo, la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de reclamar a la Iglesia los bienes inscritos por esta a su nombre que considere que deben ser de «dominio público». Según adelantó el diputado socialista Antonio Hurtado, el ministerio tiene ya casi lista una lista en la que figuran edificios como la catedral de Córdoba o la seo de Zaragoza.
Una ley de 1998 vigente hasta 2015 permitió a la Iglesia registrar templos y otros inmuebles de su propiedad no registrados oficialmente, algunos con varios siglos de antigüedad. La CEE no dispone de datos centralizados, si bien su vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ha estimado que el número de inmatriculaciones podría rondar las 40.000.
«La Iglesia está muy tranquila» porque, desde el cumplimiento de «la legalidad vigente», se limitó a «inscribir en el registro lo que de manera secular ha poseído», asegura el portavoz de los obispos, lamentando que este sea «un tema recurrente» para algunos partidos, que buscan agitar «los viejos fantasmas del anticlericalismo». Gil, sin embargo, aclaró que el episcopado tiene «confianza infinita en la justicia española» y en «el Estado de Derecho». Y adelantó que, si es necesario, «defenderemos nuestros derechos» en los tribunales, al tiempo que recalcó que se trata de bienes utilizados para «un fin social», destinados al «uso y disfrute no solo de los católicos», sino de toda la sociedad, y en especial «de los más pobres», tal como se refleja en la Memoria de Actividades que cada año presenta la CEE. Su «desamortización», por tanto, iría en «detrimento de la acción social».
El rey y Pablo Casado, pendientes de confirmar
El portavoz de los obispos se refirió a esta cuestión al término de la presentación del congreso Iglesia
en la sociedad democrática que, organizado por la Fundación Pablo VI, con la colaboración de la CEE, se sumará los días 3 y 4 de octubre a las conmemoraciones del 40 aniversario de la Constitución.
Uno de los objetivos será poner en valor una aportación a menudo ignorada. «Sería una injusticia» silenciar el papel de la Iglesia para lograr «una transición pacífica» a la democracia, aseguró el presidente de la fundación y obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. Pero también se quiere revindicar el «gran patrimonio de paz y de convivencia» y la «generosidad» de una generación de españoles que fue capaz de cerrar viejas «heridas abiertas», de modo que «una sociedad reconciliada se pudiera mirar a los ojos». En ese modo de comprender la política se reconocen los obispos. Fiel a su vocación de «tender puentes», añadió García Beltrán, «la Iglesia no entiende de sensibilidades» partidistas, «pero en su seno viven hombres y mujeres que pertenecen a todas las opciones políticas» y es por eso «casa para todos». Este congreso ha querido «significarlo» con la participación de una muestra plural de quienes han desempeñado responsabilidades públicas en las últimas cuatro décadas.
Aún pendiente de confirmar la participación del rey Felipe y la del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, está confirmada la presencia de la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, quien dará la réplica a la conferencia de apertura del cardenal Fernando Sebastián, representante de excepción de la generación de obispos que, con el liderazgo del cardenal Tarancón, implantó el Concilio en España y facilitó la llegada de la democracia. Intervendrán también los históricos socialistas Alfredo Pérez Rubalcaba (quien hablará sobre educación junto al cardenal Cañizares) y Guillermo Fernández Vara. Por parte del PP, estará Adolfo Suárez Illana, hijo del primer presidente de la democracia.
Nostalgias aparte, uno de los objetivos será reivindicar la presencia pública de los cristianos y del hecho religioso «con naturalidad» y «sin complejos», aseguró Gil Tamayo, apelando a una «laicidad positiva» de colaboración Iglesia-Estado. «Los católicos se sienten muy a gusto» en el marco constitucional y de una sociedad plural, añadió, «y por el hecho de serlo, no renuncian al ejercicio de su ciudadanía, iluminada por la fe». Sin pretender «imponer el Catecismo en los ámbitos parlamentarios», tratan de «ser coherentes» y de vivir «conforme a sus convicciones».