Causa general por las inmatriculaciones
El PSOE y varios de sus aliados parlamentarios cuestionan que algunos de los templos católicos más señeros, como las catedrales de Córdoba o Zaragoza, pertenezcan a la Iglesia católica. Se trata de la enésima polémica en torno a las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015. Algunos errores puntuales en el proceso (a lo sumo, en el 2 % de los casos, según los expertos consultados) han servido de justificación para una causa general que tiene muy poco recorrido desde el punto de vista jurídico, pero mucho en el terreno mediático.
Son pocos y tienen que ver con propiedades sin apenas valor, pero el Gobierno socialista y grupos afines buscan abrir una causa general contra un procedimiento que sirvió a la lglesia para registrar miles de bienes que poseía desde tiempo inmemorial y que, en algunos casos, puso luego a disposición de ayuntamientos salvándolos de caer en manos privadas
Desde que el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado consiguiese, a raíz de una pregunta parlamentaria, sacar del Gobierno de Pedro Sánchez que se iba a publicar una lista con los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1998 a 2015, no se ha dejado de hablar de la cuestión. Más aún, se han intensificado las presiones –mediáticas y políticas– en casos paradigmáticos y recurrentes como el de la mezquita catedral de Córdoba o la catedral del Salvador de Zaragoza. Como con la educación concertada o la clase de Religión, los grupos políticos de izquierda denuncian supuestos privilegios a la Iglesia, aunque expertos, responsables diocesanos y la propia Conferencia Episcopal rechazan esta interpretación.
Para entender la enésima polémica sobre las inmatriculaciones hay que remontarse a 1861, cuando se pone en marcha el Registro de la Propiedad. Dos años después, para añadir el mayor número de bienes posibles, el Gobierno aprueba un real decreto que permitía tanto a la Iglesia como al propio Estado inscribir (inmatricular) patrimonio histórico sobre los que no se tenía ningún título pero que había sido poseído pacíficamente a lo largo de los siglos. Con una salvedad: no se permitía inscribir los templos porque, según explica Luis Javier Arrieta, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y experto en derechos de propiedad, «era obvio que las catedrales y los templos de entonces pertenecían a la Iglesia». Esa legislación se completaría con la aprobación de la Ley Hipotecaria de 1946. Y esa es la razón por la que, en 1998, el Gobierno de José María Aznar abre la puerta a que la Iglesia –a través del artículo 206 de la Ley Hipotecaria– pueda inscribir todos esos inmuebles que antes no podía vía certificado de dominio que expedirá el obispo del lugar.
Hay grupos políticos e incluso expertos –como los que firmaron el informe contra la propiedad de la Iglesia de la catedral (y antigua mezquita) de Córdoba presentado el pasado sábado– que consideran que ese artículo ya derogado era inconstitucional, pues suponía un privilegio para la Iglesia católica. Arrieta afirma, por contra, que era constitucional porque no se vulneraba el principio de igualdad entre las confesiones religiosas ni
tampoco el principio de aconfesionalidad del Estado. En su opinión, es una «norma especial que encuentra su explicación en la historia» y que afecta a bienes muy antiguos, de cuando todavía no existía el Registro de la Propiedad, y cuya posesión queda atestiguada por siglos. Y, por tanto, no se puede analizar con la lógica de este año o de los últimos 15. Con esta argumentación, continúa, tiene sentido que la norma de 1998 tuviese una duración finita y, por tanto, fuese derogada en 2015 por el Gobierno de Rajoy.
Entonces, si esta norma está pensada para que la Iglesia pudiese inmatricular aquellos templos sobre los que pesaba una prohibición, ¿por qué la aprovecha para hacer lo propio con otros bienes inmuebles? Esta pregunta encuentra respuesta de nuevo en Luis Javier Arrieta: «Hasta hace no mucho, la sensación es que existía una cierta falta de profesionalidad en la Iglesia sobre estas cuestiones. Y cuando se ha tenido, entonces han aprovechado para inmatricular lo que no había podido y lo que, pudiendo, no habían hecho». Así, señala que no se habían realizado muchas inmatriculaciones antes de 1998, cuando la Iglesia se da cuenta de que tiene una herramienta legal para inscribir aquello que es suyo.