Normalidad democrática
La visita al Vaticano de la vicepresidenta Carmen Calvo se enmarca en «el mandato de cooperación que nace de la aconfesionalidad del Estado y que señala nuestra Constitución»
Con Pedro Sánchez parece repetirse una vez más el guion: el PSOE endurece su discurso contra la Iglesia, calienta a sus bases más ideologizadas pero, a la hora de la verdad, cuando ejerce la responsabilidad de gobernar, se impone la mesura. Tras haber defendido la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede, el Ejecutivo afirma ahora que «forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y mantiene su vigencia de manera que los poderes públicos están obligados a cumplirlos e interpretarlos en cualquier caso conforme a la Constitución». Así consta en la respuesta que acaba de dar el Gobierno a una pregunta dirigida por el diputado de Compromís Carles Muellet, superando el viejo argumento sanchista según el cual los Acuerdos son inconstitucionales.
Este es el contexto en el que la vicepresidenta Carmen Calvo se reunirá el próximo lunes en el Vaticano con el secretario de Estado del Papa, Pietro Parolin. «Es normal que haya una relación con la Santa Sede, como la que han mantenido todos los gobiernos democráticos, y entra dentro del mandato de cooperación que nace de la aconfesionalidad del Estado y que señala nuestra Constitución», ha resumido a Alfa y Omega el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Eso no impide que haya asuntos que generen preocupación o una contraposición abierta. En el primer supuesto se sitúan los planes del Ejecutivo para reformar la ley educativa, que han provocado algunas alarmas especialmente en la escuela concertada. En el segundo apartado figura el proyecto de ley de eutanasia, que más allá de las razones de tipo confesional preocupa por la desprotección en que deja a las personas ancianas y enfermas más vulnerables. Dicho lo cual la Iglesia es consciente de que esta es una batalla a largo plazo que se libra en el terreno cultural. Más que las mayorías parlamentarias, lo que hay que cambiar son los valores dominantes en la sociedad. Claro que, en este punto, no está de más pedirle a a cualquier gobierno democrático que juegue limpio y no aproveche los resortes del poder para ejercer la ingeniería social, extralimitándose en sus competencias.