«La Iglesia tiene firme decisión de acabar con los abusos»
El obispo de Astorga propondrá que los nuevos protocolos de la Conferencia Episcopal sean de obligado cumplimiento para todas las diócesis
Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, ha recibido el encargo de presidir la comisión de juristas que actualizará los protocolos de la Conferencia Episcopal Española (CEE) contra los abusos sexuales a menores. La decisión la tomó el Comité Ejecutivo en su reunión de septiembre, pero se anunció la pasada semana. «Parece ser que les ha gustado el trabajo que se ha hecho en Astorga», explicaba el propio interesado el 17 de octubre en Madrid, en la sede del episcopado. «En su día, mandé a los obispos el protocolo que hemos aprobado en mi diócesis. Algunos lo han asumido como propio, otros a veces me consultan... No sé por qué, tampoco soy un experto en estas cuestiones, pero la realidad es esa».
La responsabilidad de investigar las denuncias recae en las diócesis que, si encuentran indicios de veracidad, deben remitir los casos a la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Dónde queda el papel de la Conferencia Episcopal en este esquema?
La Santa Sede elaboró [en 2011] una guía marco para que las conferencias episcopales establecieran unos protocolos. Esto es posterior al protocolo de la CEE, de 2010, que necesitaba ser actualizado. Lo que una conferencia puede hacer es elaborar un marco general de actuación para la prevención, el acompañamiento a las víctimas y los medios procesales con respecto a [la investigación de] los casos, según las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la competente. Es un marco general que puede ser orientativo... O que podría tener una fuerza mayor, normativa, de modo que nos obligara de alguna manera a todos los obispos. Esto tendrá que decidirlo la Asamblea Plenaria.
¿A qué aspectos de los abusos afecta esta reforma? Una cosa es
la prevención, en la que desde hace tiempo se trabaja en España. Pero está también el acompañamiento a las víctimas, a las que –dicen los expertos– hay que escuchar sin cuestionar la veracidad de su relato. Y un tercer aspecto sería la investigación de las denuncias.
La comisión, en estos primeros momentos, va a trabajar en lo que concierne a toda la dimensión normativa y jurídica. Un obispo, cuando recibe la noticia de un posible caso de abusos, ¿qué pasos debe dar?, ¿cómo tiene que tratar el tema el con la víctima, con el acusado, con la Santa Sede…? La normativa, tanto la civil como la canónica, ha evolucionado en estos años. Además, es posible que preparemos una fundamentación teológica y moral de por qué hacemos esto. Jesús, en el Evangelio, dedica sus palabras más
duras a esta cuestión: Ay de los que escandalicen a un menor... Este es el fundamento, y después, se incluirá todo lo relativo a la prevención, al acompañamiento a las víctimas… Tenemos [como referencia] los protocolos de otras conferencias y de diócesis como la mía.
¿Pero se plantea unificar estos diferentes aspectos, o que sean grupos de profesionales diferentes los que trabajen, por un lado, en la investigación de las denuncias y, por otro, en la atención a las víctimas?
De momento, vamos a trabajar el tema jurídico. Todo esto tiene que pasar después por la Plenaria [de la CEE], a ver qué opinan mis hermanos obispos. No es algo que podamos decidir simplemente en una comisión; todo el episcopado debe opinar y darnos indicaciones de hasta dónde queremos llegar.
¿Hasta dónde querría llegar usted?
Yo apostaría por un protocolo de máximos para que de una vez por todas la Iglesia sea lugar seguro para todos los menores y que aquellas familias que nos confían a niños y jóvenes sepan que aquí no se tolera absolutamente nada de este tipo.
Una recomendación básica del Centro para la Protección de Menores de Roma (CCP) es que las denuncias sean investigadas por profesionales independientes para asegurar la independencia frente a la autoridad eclesiástica.
Esto lo plantearemos, veremos los pros y los contras. Yo solo puedo dar mi opinión personal.
Llama la atención la escasa atención que se dedica a la víctima en los actuales protocolos de la CEE, centrados en la figura del presunto agresor. ¿Esto se va a modificar?
Es muy importante la cercanía de la Iglesia a estas personas que desgraciadamente han sufrido por parte de ministros de la Iglesia. Por ejemplo, en el protocolo de Astorga tenemos 16 normas sobre cómo actuar con los menores y en el acompañamiento a las víctimas en su sufrimiento y necesidades de tipo psicológico, etc.
¿Tiene previsto la comisión escuchar a víctimas?
Lo iremos viendo. De momento, a mí me han encargado la actualización de los protocolos, pero mi idea es ampliar los trabajos para que estos sean lo más ambiciosos posible. Alguna podría contarnos su experiencia y trasladarnos cuáles son las necesidades que tienen las personas que han sufrido esto.
«El nuevo protocolo será un marco general que puede ser orientativo. O bien tener fuerza normativa. Eso lo decidirá la Plenaria. Yo apostaría por un protocolo de máximos»
«En Astorga hice lo que tenía que hacer. Me encontré un caso sobre la mesa y lo envié a Roma. Vinieron a verme otras posibles víctimas y abrí una nueva investigación»
En febrero las conferencias episcopales de todo el mundo están convocadas a una reunión con el Papa en la que deben dar cuenta de los progresos que cada una haya realizado. ¿Les va a dar tiempo a ustedes a tener ya algún resultado?
Presentaremos un borrador. Si queremos que esto tenga fuerza para todo el episcopado, debe ser aprobado por la Asamblea Plenaria, y no hay tiempo material antes de esa fecha. Pero al menos queremos que nuestro presidente [el cardenal Ricardo Blázquez] pueda llevar un documento marco.
Desde el CCP se ha hablado de Italia y España como dos países que preocupan especialmente, por la posible existencia de casos ocultos que en cualquier momento podrían estallar. ¿Teme usted que vaya a ocurrir esto, o cree que básicamente conocemos ya la dimensión del problema?
Yo esto no lo puedo responder, es un futurible. Lo que sí veo es que toda persona que se haya sentido vejada por estos asuntos debe denunciarlos. En este sentido la Iglesia es más dura que la ley civil, que probablemente en aspectos como la prescripción debería adaptarse a la eclesiástica.
¿Qué se hace con esos casos antiguos que de repente ahora salen a la luz? Un obispo llega a una diócesis y le estalla un escándalo de hace tal vez treinta años... Mi caso... ¿Cómo hay que actuar?
Hay que abrir una investigación, ver qué hay de veracidad en la denuncia y después es la Santa Sede la que debe decidir. Si el caso está prescrito [transcurridos más de 20 años desde que la víctima cumple los 18], Doctrina de la Fe decide si levantar la prescripción o no. Y hay que analizar si hay un proceso penal, si es necesario tomar medidas cautelares, etc.
Supongamos que el caso está prescrito canónicamente…
Debemos investigarlo y trasladarlo igualmente a la Santa Sede. Los obispos diocesanos no tenemos la última palabra. Dos casos que tengo yo en Astorga son uno del año 79 y otro del año 85.
¿Habría que informar a las autoridades civiles también en estos casos?
No, porque eso está prescrito, ya que en la ley civil los plazos son menores. En todo caso, como la víctima sería mayor de edad, podría ella misma acudir a la autoridad civil.
¿Cómo sería en estos supuestos el marco común de actuación?
Cada caso tiene que ser examinado. También depende de si la víctima pide resarcimiento o no. O de la gravedad del caso. No es lo mismo, por ejemplo, la agresión a un menor de 7 años que a otro de 17.
Algunos medios le han acusado de encubrir abusos en Astorga.
Hice lo que tenía que hacer. Cuando llegué a Astorga, me encontré un caso encima de la mesa ya prácticamente concluido. Lo envié a la Santa Sede, recibí la respuesta, se la comuniqué a la víctima y le apliqué la condena al sacerdote agresor. La víctima lo hizo público, hubo una explosión informativa y otras posibles víctimas vinieron a verme. Abrí una investigación sobre lo que había sucedido tanto en ese centro [el colegio diocesano Juan XXIII de Puebla de Sanabria, Zamora], como en el otro [el seminario menor de La Bañeza], y lo envié todo a Roma. En el primer caso, la Santa Sede ya me envió su resolución, que hice pública. Y con respecto al otro caso, estoy esperando todavía la respuesta. Yo no encubrí a nadie. Lo que sucedió fue que, cuando la víctima vino a verme, me pidió un resarcimiento extrajudicial de 300.000 euros.
Argumentó usted que hubiera sido ilegal pagar.
Claro. Pero le dije: «De todas formas, déjame consultarlo». Cuando tuve la respuesta, le confirmé que no podía hacerlo, porque estaría cometiendo un delito de malversación de fondos de la diócesis, a menos que hubiera una sentencia judicial que me obligue. Lo que podía ofrecerle es asistencia psicológica o de otro tipo que pudiera necesitar; eso sí estaba en mis manos.
¿Cuál es la estrategia informativa adecuada para estos casos? Si le pidiera consejo un obispo por el estallido de un escándalo en su diócesis, ¿cómo le recomendaría actuar?
Con claridad, verdad y discreción.
¿Discreción?
En el sentido de que, si hay cuestiones bajo secreto pontificio, no pueden ser reveladas. Es lo que me pasó a mí cuando el programa Salvados, de laSexta, me insistía [sobre el seminario menor de la Bañeza] y yo no podía hablar. Por más que lo dices, no te creen... Dicho lo cual, quisiera agradecer el papel de la prensa. Estoy agradecido a los periodistas, porque han escuchado mi palabra.
Pero las habrá pasado usted canutas con los medios...
Pero eso entra dentro de la situación. Al final, sin embargo, estoy convencido de que la verdad termina saliendo adelante. Yo no tengo nada que ocultar ni nada que perder, de manera que mi comportamiento es lo más claro posible, y valoro el trabajo que los medios estáis haciendo.
En los escándalos de abusos ha evolucionado la mentalidad: cosas que ahora nos parecen intolerables (no me refiero solo con respecto a la Iglesia), hace unos años no es que resultaran tolerables, pero...
La gente no tenía esa conciencia que hoy, gracias a Dios, tiene. Pero hay que proteger a la infancia con mayor determinación. Por ejemplo, entre los migrantes –yo soy presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones– vienen muchos menores no acompañados que son pasto de las mafias. Y el Estado y la sociedad deben actuar, todos tenemos que estar comprometidos contra el abuso sexual y contra la explotación laboral o de cualquier otro tipo.
¿Qué le diría al católico de a pie que sufre al conocer que pasan estas cosas en la Iglesia o se ve cuestionado en su lugar de trabajo, por sus amigos...?
En primer lugar, que la Iglesia tiene firme decisión de acabar con esto. Y, en segundo lugar, que sea ecuánime: el porcentaje de casos que se da en la Iglesia es mínimo, aunque uno solo sería ya suficiente para poner el grito en el cielo.