Bolsonaro y los pueblos indígenas
▼ El nuevo presidente de Brasil se declara católico, pero ha cargado con dureza contra los obispos
De los 209 millones de personas que pueblan Brasil, apenas 900.000 pertenecen a alguno de los 305 pueblos indígenas, originarios y ancestrales que habitan el país. «El Gobierno de Bolsonaro va a ser extraordinariamente peligroso y amenazador para la vida y los derechos de los pueblos indígenas de Brasil», teme Luis Ventura, coordinador de Cáritas Española en la REPAM (Red Eclesial Panamazónica) y miembro del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el organismo de la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) para el acompañamiento de los pueblos originarios.
Jair Messias Bolsonaro se declara católico, pero ha cargado con dureza contra los obispos brasileños, de quienes ha dicho que «son la parte podrida de la Iglesia católica».
Su enemistad con la institución tiene como blanco especial a los grupos y personalidades más directamente comprometidos con la pastoral social e indígena, mientras que, por el contrario, se le considera un hombre próximo a los intereses de la industria biotecnológica y las multinacionales extractivas, dos de las grandes amenazas que se ciernen sobre el Amazonas.
Violencia contra los pueblos originarios
Brasil es la novena potencia económica del mundo con una superficie equivalente a 17 veces la de España, de la que las comunidades indígenas ocupan 118 millones de hectáreas (unas dos veces España). La demarcación de sus territorios es una de las principales fuentes de conflicto con el Estado. A pesar de su proyección internacional, los pueblos indígenas siguen contando muy poco en el país.
Jair Bolsonaro ha insistido durante toda la campaña en que acabará con los derechos de los indígenas sobre las tierras: «No voy a dar ni un centímetro a las reservas indígenas», ha declarado este exmilitar que se dice provida, pero defiende la pena de muerte y las torturas llevadas a cabo durante la dictadura.
Según el informe Violencia contra los Pueblos Indígenas referido al año 2016 y elaborado por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), las violaciones contra los pueblos originarios se incrementaron el año de la crisis de gobierno que acabó con la sustitución de la presidenta Dilma Rousseff por su vicepresidente, Michel Temer. Al menos 110 indios fueron asesinados en Brasil. Pese a la reducción del número de muertes en comparación con los años precedentes, el informe alerta sobre el continuo y sistemático aumento de la violencia contra los pueblos indígenas.
«Los datos de 2017 indican que hubo un aumento en 14 de los 19 tipos de violencia analizados, principalmente de los casos de expulsión de los indios de sus tierras», denuncia el CIMI. Temer es el presidente con el peor desempeño de demarcaciones de territorios ancestrales.
El organismo católico señala en su informe que existen 530 territorios reivindicados por las poblaciones indígenas, pero que aún se encuentran sin ninguna providencia administrativa. Otros 53 han sido identificados y reconocidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y están a la espera de que llegue la homologación del Ministerio de Justicia. Por último, 62 de estos territorios aguardan únicamente la firma del presidente para su reconocimiento definitivo.