«La vulneración de derechos laborales se ha normalizado»
▼ Cáritas Española alerta en un informe de la gran precariedad laboral en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar, y denuncia «posibles situaciones de trata» detrás de muchos temporeros
Samira El Allali trabajaba como administrativa en el Ayuntamiento de Nador (Marruecos). Pero el cargo no llevaba aparejado un buen sueldo y su condición de mujer soltera no estaba bien vista en su país. Estas circunstancias hicieron que, hace 13 años, Samira entrara como turista en España y, al presentársele un oferta de trabajo, decidiera quedarse. La mujer estuvo trabajando durante dos años en el sector de la hostelería y, posteriormente, otros seis como empleada de hogar. «Allí sufrí varias experiencias negativas», explica a Alfa y Omega. «Recuerdo una entrevista de trabajo en la que me estuvieron hablando del contrato. Me dijeron que tendría los fines de semana libres, establecimos un horario... Pero cuando empecé a trabajar no cumplieron nada: trabajaba más y cobraba menos de lo acordado».
Según Cáritas, este tipo de vulneración de derechos es frecuente en la hostelería y en los empleos del hogar, pero principalmente en el sector agrícola. Por ejemplo, el 60 % de los trabajadores del sector de la hostelería o de los trabajos en el hogar han sufrido algún tipo de vulneración económica, pero el porcentaje se dispara hasta casi el 90 % entre los trabajadores del campo. Así se desprende del informe Vulneración de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos de hogar elaborado por Cáritas Española a partir de 917 entrevistas a personas acompañadas por la institución.
Para Paco Cristóbal, director del Área de Comunicación de Cáritas Española, estos datos reflejan que la vulneración de derechos en estos tres sectores «está normalizada». Con palabras de Hilde Daems, experta del equipo de Inclusión de Cáritas Española y encargada de presentar el informe hace una semana en la sede de la institución: «Lo normal es no cumplir la norma».
En el campo de la vulneración económica, Cáritas también denuncia que el 30 % de los trabajadores de estos tres sectores cobran menos del salario que les correspondería legalmente; que el 24 % realiza horas extra no remuneradas, y que el 50 % de los temporeros cobran todo o parte del salario en negro.
Sin embargo, la vulneración de derechos que más preocupa en Cáritas no es la que tiene que ver con lo económico, sino con posibles delitos penales. En este campo, la organización caritativa de la Iglesia constata que uno de cada 20 entrevistados ha recibido amenazas (13 % en el sector agrícola), que un 4 % vio retenida su documentación (el 12 % de los temporeros) y que un 12 % reconoce haber recibido un trato humillante, porcentaje que en el sector agrícola se dispara a un 22,5 %.
Frente a esta realidad, Cáritas insta al Gobierno a ratificar el Convenio sobre las trabajadoras domésticas de 2011; a modificar el Código Penal para tipificar como delito autónomo el trabajo forzoso, la esclavitud y la servidumbre, diferenciándolos de la explotación laboral; a flexibilizar el sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo, o a impulsar una ley integral de trata para acabar con las «posibles situaciones de trata con fines de explotación laboral o
trabajo forzoso que hay detrás» de un cuarto de los trabajadores del campo, denunció Hilde Daems.
Alianza empresarial por los trabajadores
Claro que también hay ejemplos de buenas prácticas, empresarios que se comprometen más allá de sus obligaciones contractuales. Es el caso de la empresa Berries de los Mimbrales, productora de frutos rojos, y representada por su director financiero –Eugenio Zambrano– en la presentación del informe de Cáritas Española. «En Huelva tenemos un problema sistémico de falta de mano de obra y, paralelamente, existen asentamientos chabolistas donde malviven miles de subsaharianos», explicó Zambrano en su intervención. En Berries de los Mimbrales estaban decididos a romper esta paradoja y, junto a Cáritas Huelva y la empresa Driscoll’s, iniciaron un proyecto para dar trabajo a 25 personas de los asentamientos que disponían de su documentación en regla. «Les dimos trabajo y casa. La empresa contrató para ellos una vivienda para sacarlos del poblado chabolista». El resultado, tal y como refirió Zambrano, no fue un éxito solo a nivel social, también lo fue a nivel económico.
Tras esta experiencia, el proyecto entrará próximamente en una segunda fase en la que se han implementado algunas mejoras. «No queremos tener una actitud asistencialista, sino dignificar sus condiciones de trabajo y que ellos estén mejor integrados y puedan alquilar su propia vivienda o desenvolverse mejor con el idioma», aseguró el empresario. Además, en esta segunda fase, «también queremos atender a aquellos inmigrantes que se encuentran en una situación ilegal. Aquí la ley de extranjería juega en nuestra contra porque para poder obtener el permiso de residencia y trabajo los inmigrantes tienen que presentar una oferta de trabajo de al menos un año de duración y nuestra recolecta no dura todo un año». La solución ha sido contactar «con otras empresas cuya recolección no coincida con las nuestras y, entre las dos, ofrecer un contrato al trabajador que sí supera la duración de un año exigida».