A la espera del alquiler social
Para la responsable del Servicio Diocesano de Vivienda de Cáritas Madrid, «muchas familias están en una situación crítica porque sus ingresos provienen de un mercado laboral muy precarizado, de una renta de inserción mínima o de la economía sumergida». En otras ciudades europeas este problema se mitiga con vivienda pública, pero «en Madrid la oferta es casi inexistente, porque la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo se descapitalizó y fue vendida a fondos privados» por el anterior equipo municipal. Numerosos fondos de inversión como Blackstone, comprador de 1.860 viviendas en alquiler que pertenecían al Ayuntamiento de Madrid, han optado por el alquiler turístico como forma de negocio. «Entre las casas que venden los propietarios y las casas vacías por los desahucios, quedan un montón de viviendas disponibles para los fondos buitre, que compran la casa al banco a un precio muchísimo menor del que fue tasado en su día para utilizarlas como viviendas turísticas», denuncian desde Lavapiés, ¿dónde vas?
Según la asociación, la concentración de vivienda en fondos de inversión no es fruto del azar sino que responde a un entramado legal e institucional que dota a los vehículos de inversión inmobiliaria (SOCIMI y SICAV) unas condiciones fiscales excepcionales que incentivan la especulación y facilita los desahucios. «Tienen la capacidad, porque van acompañados de abogados, de vaciar las casas mucho más rápido y al reducir la oferta indirectamente suben el precio de las viviendas», aseguran.
Esta drástica reducción de la cartera inmobiliaria pública ha provocado que conseguir un alquiler social sea casi imposible. «Hay que poner en marcha todo periplo jurídico y administrativo» y, muy a menudo, las familias que lo solicitan no disponen del tiempo, los conocimientos o la salud mental para salir airosos de ese «calvario», explican desde Cáritas Diocesana de Madrid. Un diagnóstico que comparten desde Cáritas Barcelona. «En el momento en que las políticas de vivienda la reconocieran como un derecho, muchas cosas cambiarían: habría una ampliación del parque de alquiler público, se regularía el precio de los alquileres y habría una modificación de la Ley de Arrendamiento Urbano», afirman.