Instalados en el precipicio
«Una persona mayor que vive sola y se ha roto una pierna», sin más ayuda que las visitas breves que recibe cuatro mañanas a la semana desde el ayuntamiento; «un matrimonio joven con hijos, ambos con empleos precarios, incapaces de hacer frente a la hipoteca» o a un imprevisto como «una visita al dentista»…
Los itinerarios hacia la exclusión social en España son hoy «muy variados», dice Guillermo Fernández, coordinador del VIII Informe Foessa. Ese es el motivo por el que el estudio del think tank de Cáritas recurre nada menos que a 35 indicadores para hacer saltar las alamas. La premisa es que cualquier carencia (un despido, una formación deficiente, una enfermedad) puede desencadenar un fallo multiorgánico, después de que los recortes hayan dejado esquilmados los sistemas de protección social y la capacidad de ayuda de las familias se haya visto superada por la crisis.
Fernández aludió a «problemas acumulativos» que llevan a la persona a caer en el pozo de la exclusión social, como una situación prolongada de paro que desemboca en un endeudamiento y en el consumo problemático de alcohol. Otras veces el descenso a los infiernos es fulminante, añade, y cita como ejemplo el caso de una mujer que un mal día «sufre violencia de género en el hogar», empieza a faltar al trabajo, se separa, pierde su vivienda…
La fotografía final muestra a 8,5 millones de personas (1,2 de millones más que en 2007) que viven en situación de exclusión social, el 18,4 % de la población. Si se pone el foco en las víctimas de la exclusión social severa, las cifras descienden a los 4,1 millones, dato que Cáritas considera escandaloso para un país del nivel de desarrollo de España.
Es el resultado de la combinación de altas cifras de paro (15 %, el doble que en 2007) y precariedad laboral (uno de cada tres contratos temporales no llega a los siete días de duración), sumadas a la dificultad de acceso a la vivienda. Los precios de alquiler se han encarecido un
30 % en los últimos dos años, situándose entre los más caros de Europa. Foessa denuncia que «el parque de alquiler social es prácticamente inexistente» en España, a diferencia del resto de países de la Unión, donde las administraciones recurren a ese tipo de estrategias para regular el mercado.
Más en detalle, jóvenes y migrantes son los más vulnerables, junto a las mujeres con hijos, que arrastran la doble discriminación que padecen las familias (el 33 % de las numerosas y el 28 % de las monoparentales se encuentran en exclusión social) y las mujeres. «La brecha salarial no es ideología, es una realidad», apuntó Fernández. Según el informe, una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre en el mismo trabajo. Si esa mujer es inmigrante, dos horas más.