En Perú se está gestando «un estallido social tremendo»
La Iglesia y la sociedad civil preparan una plataforma para exigir a los candidatos a la presidencia que cumplan unas garantías democráticas mínimas
La firma de la Proclama Ciudadana el 17 de mayo en Perú supuso un soplo de aire fresco en la polarizada campaña de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, prevista para el 6 de junio. A petición de 30.000 ciudadanos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori se comprometían a dejar el poder en 2026, a reformar la Constitución (una promesa de Cast illo) «solo a t ravés de los mecanismos legales» y a respetar los derechos humanos y los tratados internacionales; además de a priorizar la lucha contra el coronavirus.
La ida partió de la Conferencia Episcopal Peruana, bajo la iniciativa del cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, junto con la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Asociación Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Se exigía a los candidatos el compromiso de respetar una serie de garantías democráticas mínimas, ante la preocupación que suscitan sus trayectorias y programas electorales.
Como explica a Alfa y Omega Claudia Zarzosa, responsable de formación del Partido Popular Cristiano, a Keiko Fujimori «se la acusa de tener atisbos de autoritarismo» y de «seguir vinculándose con figuras ligadas a su padre», Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000. Castillo «es cercano a los comunistas, y tiene un plan de gobierno con muchísimos peligros para la mayoría democrática», además de un equipo en el que hay hasta colaboradores acusados de terrorismo.
Rendir cuentas
El alivio de verlos jurar su compromiso con la democracia duró poco. La Asociación Transparencia ha denunciado, por ejemplo, agresiones contra periodistas en un acto electoral de Castillo. También se han lanzado, desde ambos partidos, «mensajes que atentan contra los principios democráticos y las garantías» con las que se han comprometido, explica su presidenta, Adriana Urrutia.
Por eso, l a s ent idades promotoras «venimos trabajando» para que existan «mecanismos de v igi la ncia» que aseguren que el ganador cumpla su palabra. Ahora mismo, esos esfuerzos se están concentrando en «lanzar cuanto antes una plataforma» que permita a la sociedad civil llevar a cabo este seguimiento y exigir a los candidatos que se hagan «responsables de sus actos».
Sociedad hastiada
Es urgente además, añade Zarzosa, que quien salga de las elecciones se esfuerce por «recuperar la confianza del ciudadano en la política, que se ha roto hace tiempo». De lo contrario, se seguirá gestando un «caldo de cultivo» para que «tarde o temprano» se produzca «un estallido social tremendo». La ya de por sí frágil situación institucional del país, explica, se agravó en 2016. Desde entonces, ha habido cuatro presidentes y se ha vivido un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo que terminó con la disolución del Congreso. Todo ello, marcado por «el hilo conductor de la corrupción».
«La gente ya estaba hastiada», y con la pandemia «han ido surgiendo figuras populistas, de toda corriente ideológica, que solo siguen fragmentando, generando más inestabilidad y exacerbando el odio». En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 11 de abril, hasta 18 partidos se disputaron el voto de los peruanos. El 18,9 % de apoyo a Pedro Castillo y Perú Libre apenas superó a la suma del voto en blanco y nulo. Sumado al 13,4 % de la Fuerza Popular de Keiko Fujimori, a los candidatos del 6 de junio solo los apoyaron el 26,3 % de los votantes.