El aborto vuelve a estar sobre la mesa
«Hola. ¿Vas a la clínica?». Mariana dijo que sí. «¿Estás segura de que quieres hacerlo?». La joven confesó que le gustaría tener ese niño. Iba a abortar «porque no tenía recursos y por la presión de mi expareja». Los voluntarios de la Escuela de Rescatadores Juan Pablo II le ofrecieron ayuda económica, pañales, ropa y comida. Les dijo que se lo pensaría, y se intercambiaron los teléfonos.
El gesto revela que esta mujer nunca se sintió acosada, sino «escuchada y protegida», cuenta a Alfa y Omega. «Fueron muy amigables, tranquilos y respetuosos». No pasó lo mismo con el centro abortista. Al no presentarse a la cita, «me hicieron una pequeña persecución» telefónica. «Claro, si no vas se quedan sin el dinero», apunta. Un mes después de nacer su hijo, Mariana se opone a que se castigue con entre tres meses y un año de cárcel, como incluye el PSOE en una proposición de ley, la presencia cerca de estos centros de grupos provida: «No hacen daño a nadie, y muchas sí queremos lo que nos ofrecen».
Medidas similares también pueden incluirse en la reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Igualdad desde enero. Al tomar posesión como directora del Instituto de las Mujeres el 27 de mayo, Antonia Morillas afirmó que además de permitir que adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno, incluirá la seguridad en el entorno de las clínicas y superar las diferencias entre comunidades autónomas para acceder a esta práctica.
El día 30, el programa Salvados, de laSexta, preparaba el terreno denunciando que en algunos lugares no se practican abortos en los hospitales públicos y las mujeres tienen que ir a otras provincias. Al día siguiente la ministra de Igualdad, Irene Montero, se comprometió en Twitter a «garantizar» el aborto «público, seguro y gratuito». De forma nada casual el programa se centraba en Murcia, gobernada por el PP; aunque tres de las cinco autonomías donde esto ocurre las gobierna el PSOE: Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Objeción mayoritaria
Mercedes Sobreviela, coordinadora de diagnóstico prenatal del Hospital Clínico de Zaragoza, está dispuesta a objetar si llega el caso. Pero «no me han solicitado que me pronuncie». Desde el Departamento de Sanidad de Aragón explican que al despenalizarse el aborto en 1985 «se percibió una objeción general», y que por eso se creó un sistema de derivación a centros privados desde el mismo hospital. «Funcionó bien» y «se ha mantenido por cuestiones organizativas». Desde el Servicio Extremeño de Salud se añade que «todos los intentos» de cambiarlo «han sido infructuosos» a causa de la objeción de «la mayoría» de sanitarios.
Con todo, a Sobreviela le parece que «sería el momento» de replantear la cuestión y analizar cómo afrontar este problema desde las instituciones. Para bastantes profesionales, opina, el aborto no es una cuestión «de blanco o negro»: algunos lo practicarían en caso de enfermedad incompatible con la vida pero no por discapacidad, o sí en este caso, pero no sin un supuesto médico.
Nuevas leyes pretenden castigar la labor provida cerca de centros de aborto y llevarlo a los hospitales públicos. Según los defensores de la objeción de conciencia, esta es ahora «el enemigo que abatir» 99.149 abortos hubo en España en 2019, según el Ministerio de Sanidad. El 85,68 % fue en centros privados 2010 se aprueba el aborto como derecho hasta la semana 14 de gestación Con 16 y 17 años las menores necesitan consentimiento paterno para abortar desde 2015. El Gobierno quiere eliminar la limitación
Falta relevo en las clínicas
José Antonio Díez, secretario general de la Asociación Nacional para la Defensa de la Objeción de Conciencia (ANDOC), ve «enormemente delicado» un arreglo así, organizando un servicio con médicos, enfermeros y anestesistas objetores y no objetores, o con un abanico de hipotéticas «objeciones selectivas», sin perjudicar a los primeros ni que se generen conflictos. Podría pasar por contratar a profesionales dispuestos, que «sería una discriminación» para los objetores, o por crear un servicio solo de aborto. Difícil en cualquier caso, ya que a los propios centros abortistas les cuesta encontrar personal. «La mayoría de médicos no quiere saber nada».
Por eso la objeción es «el enemigo que abatir», subraya Díez. Coinciden con él las representantes de la asociación feminista Hipatia, de Ciudad Real, que en mayo afirmaron que el problema «viene de permitir a los médicos objetar». «Lo entienden como una postura ideológica», que pretende imponer «una convicción moral o religiosa»; en vez de como una parte esencial del derecho a la libertad de conciencia, continúa Díez. «Al objetar, un médico no busca poner palos en las ruedas a una ley que no le gusta, sino que se le dispense de un deber que repugna a su conciencia». Pero Díez teme que «se quiera llegar, como ya pasa en Inglaterra, a que si quieres ser ginecólogo tienes que aceptar el aborto».