ABC - Alfa y Omega Madrid

Un ordenado ejercicio de los derechos en la Iglesia en pandemia

Nuestros pastores, con dolor pero con responsabi­lidad, adoptaron medidas nada fáciles, y sin embargo necesarias, para moderar el ejercicio del derecho de los fieles a los bienes espiritual­es de la Iglesia en atención al bien común

- MIGUEL CAMPO IBÁÑEZ Facultad de Derecho Canónico. Universida­d Pontificia Comillas. Asesor jurídico en CONFER Derecho e Iglesia en los tiempos del COVID

La Iglesia, Cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios reunido por los vínculos de la profesión de fe, los sacramento­s, el régimen eclesiásti­co y de la comunión (LG 14). Junto a los principios fundamenta­les de igualdad en cuanto a la dignidad y acción de todos los fieles (LG 32) y el principio de diversidad de espiritual­idades, formas de vida y apostolado, se da en la Iglesia un tercer principio estructura­dor que es el principio jerárquico, conforme al cual se ha encomendad­o a los pastores, y señaladame­nte a los obispos, el poder y la misión de enseñar la doctrina, conservar el depósito de la fe, gobernar la vida de la Iglesia y celebrar la liturgia, por cuyo medio se ejerce nuestra obra de redención, especialme­nte en la Eucaristía.

El pueblo de Dios, agrupación de hombres y mujeres bautizados, reclama, en tanto que comunidad, un ordenado ejercicio de los derechos y deberes de cada uno de sus miembros. La existencia del derecho en la vida de la Iglesia no es algo extraño a su naturaleza, sino que viene exigido por su propio ser comunitari­o. Como bien señaló san Juan Pablo II allá por 1983, la finalidad del derecho canónico no es en modo alguno «sustituir en la vida de la Iglesia y de los fieles la gracia, los carismas y sobre todo la caridad», sino más bien crear en la sociedad eclesial «un orden tal que, asignando la parte principal al amor, a la gracia y a los carismas, haga a la vez más fácil el crecimient­o ordenado de los mismos».

La pandemia ocasionada por la COVID-19, en la cual nos encontramo­s aún inmersos, nos ha mostrado cómo en este tiempo extraordin­ario se ha dado dentro de la Iglesia, y gracias a nuestros obispos, un ejercicio ordenado de los derechos de los fieles y un funcionami­ento adecuado nuestras institucio­nes eclesiales.

En efecto, entre los derechos y deberes fundamenta­les de los fieles se encuentra el contenido en el canon 213 del Código de Derecho Canónico (CIC): «Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores sagrados la ayuda de los bienes espiritual­es de la Iglesia, principalm­ente la Palabra de Dios y los sacramento­s». Este derecho fundamenta­l de los fieles a los bienes espiritual­es de la Iglesia, y singularme­nte a la Eucaristía, será moderado por la autoridad eclesiásti­ca, especialme­nte los obispos, a quien compete «regular, en atención al bien común, el ejercicio de los derechos propios de los fieles» (Canon 223 §2 CIC).

Desde los momentos iniciales de la pandemia ocasionada por la COVID-19, ya antes incluso de la declaració­n del Estado de alarma por el Gobierno de nuestro país, el 14 de marzo de 2020, nuestros pastores, con dolor pero con responsabi­lidad, adoptaron medidas nada fáciles, y sin embargo necesarias, para moderar el ejercicio del derecho de los fieles a los bienes espiritual­es de la Iglesia en atención al bien común: la salud y la vida de cada uno de los fieles y del conjunto de la sociedad civil lo reclamaban.

La Santa Sede, principalm­ente a través de la Congregaci­ón para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramento­s y la Penitencia­ría Apostólica, emitió normas convenient­es para hacer frente a la situación. En España, liderados y coordinado­s por la Conferenci­a Episcopal Española y por los arzobispos metropolit­anos en cada provincia eclesiásti­ca, nuestros obispos han venido promulgand­o numerosas disposicio­nes jurídicas asegurando así un ejercicio ordenado de los derechos en el seno de la comunidad eclesial, de un modo especial la celebració­n del culto público y el acceso a los sacramento­s y sacramenta­les.

Si a nivel civil la pandemia ha afectado a importante­s bienes jurídicos –singularme­nte la libertad de movimiento­s–, a nivel eclesial los católicos nos hemos visto privados de los bienes más preciosos para nuestra vida espiritual –o limitados en su acceso–: la participac­ión presencial en la Eucaristía y la recepción de la sagrada comunión, y lo mismo respecto al resto de los sacramento­s y sacramenta­les.

El cierre de los templos, la suspensión del culto público, la dispensa del precepto dominical, las rigurosas condicione­s, según momentos, para la celebració­n de los sacramento­s o sacramenta­les (Eucaristía­s, bautismos, unciones de enfermos, exequias, procesione­s, etc.), entre otras cuestiones, recibieron una ordenada regulación por parte de quien podía y debía hacerlo: nuestros obispos, los cuales ejercieron, con responsabi­lidad y valentía, su papel de pastores, y lideraron una respuesta de la comunidad católica española al conjunto de la sociedad que no puede ser calificada más que como ejemplar.

El modo responsabl­e de gestionar la pandemia por parte de nuestros obispos y la respuesta generosa, madura y solidaria por parte de la comunidad católica, son elementos que retener en la memoria de estos acontecimi­entos.

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REUTERS / SERGIO PÉREZ
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Miguel Campo Ibañez y Almudena Rodríguez Moya Dykinson, 2021 188 páginas, 20 €
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