Una semana sin mamá
Poco más de 500 de los 2.300 niños inmigrantes separados de sus padres han podido volver con ellos hasta ahora. La deportación de los adultos y la falta de información amenazan con hacerlo imposible en algunos casos. Son las últimas víctimas de la última
Por el centro para migrantes que dirige la religiosa Norma Pimentel en Texas, han pasado algunos de los 500 niños que el Gobierno ha logrado reunir con sus padres, de quienes previamente los había separado, en una polémica decisión que Trump se vio obligado a rectificar. «Los han tratado bien, pero han pasado mucho miedo». La religiosa teme que no todos los 2.300 niños separados vayan a poder volver con sus familias.
Todavía reinaba la incertidumbre sobre cómo iba a resolverse la crisis de las separaciones familiares en Estados Unidos, cuando el presidente, Donald Trump, lanzó el domingo una nueva bomba destinada a intimidar a los inmigrantes y a azuzar al Congreso para que saque adelante una ley migratoria que le satisfaga. A través de Twitter, proponía deportar a los inmigrantes indocumentados sin juicio previo. Para el padre José Eugenio Hoyos, responsable de la pastoral con hispanos en la diócesis de Arlington (Virginia), la actitud del Gobierno en las últimas semanas se resume en que «está creando el problema, en vez de dar soluciones».
«Tolerancia cero»
La política de «tolerancia cero» decretada por el fiscal general, Jeff Sessions, –cargo equivalente a ser ministro de Justicia– en mayo es «inhumana». La teoría era sencilla: todo inmigrante que cruce la frontera ilegalmente será detenido y juzgado. Esto implicaba separarlo de sus hijos, que no podían estar con ellos. «El Gobierno está tratando de mantener un perfil exageradamente estricto para que la gente no venga», explica Norma Pimentel, religiosa de las Misioneras de Jesús y responsable del centro de atención a inmigrantes de Catholic Charities en McAllen (Texas). Un intento que para Enrique Morones, fundador de la organización Ángeles de la Frontera, resulta absurdo porque «el flujo migratorio está bajando desde hace casi cinco años. En México la economía ha mejorado, y ahora los que cruzan son principalmente centroamericanos que huyen de la violencia».
Estas tres voces que describen la situación para Alfa y Omega son solo una pequeña parte del clamor que desde la Iglesia ha criticado esta estrategia, y al que el Papa Francisco se sumó la semana pasada en una entrevista a Reuters, tildando las medidas de «inmorales» y «contrarias a los valores católicos». «El populismo no es la solución», subrayaba, en una crítica que incluía también al ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini.
Una estrategia caótica
La puesta en práctica de la «tolerancia cero» ha sido, además, caótica. Al centro de la hermana Pimentel en McAllen (Texas) «no han dejado de llegar entre 50 y 80 familias al día. Después de ser detenidas, se les permitía seguir juntas y eran puestas en libertad» a la espera de que se resolviera su caso. «Es difícil saber qué criterio seguía la patrulla fronteriza, que en su mayoría es buena gente. Había madres embarazadas, con niños muy pequeños o frágiles; y padres con niños».
Sin embargo, también se ha visto el caso opuesto: familias que querían entrar al país de forma legal y han terminado detenidas y separadas. «La gente recibe un mensaje contradictorio –cuenta Morones, que estos días ha visitado varios centros para llevar dinero a los adultos y juguetes a los niños–. Por un lado les dicen que pidan asilo en un puesto fronterizo» para entrar al país legalmente. Pero allí se les hace esperar horas, se les dice que los cupos están cubiertos, o se les amenaza con la expulsión. «Entonces esas familias, que están desesperadas» y ya en la frontera, intentan
pasar por otras zonas y son detenidas.
El balance ha sido de 2.300 niños separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, a los que se suman unos cientos más en los meses previos; y una oleada nacional –incluso dentro del Partido Republicano– e internacional de indignación que obligó al presidente, Donald Trump, a dar marcha atrás la semana pasada, decretando mediante una orden ejecutiva que los niños no fueran separados de sus padres… sino que permanecieran retenidos con ellos hasta que fueran juzgados y deportados.
Desde que el presidente Trump firmó la orden el día 20, la gran duda ha sido qué pasaría con las familias separadas. Hasta ahora se sabe que unos 500 niños han sido devueltos a sus familias. Por el centro de Catholic Charities en McAllen han pasado algunas de estas familias. «Los niños tenían entre 5 y 10 años, a veces menos. Habían estado separados de sus padres unos días o una semana, y contaban el miedo que habían tenido al verse solos, sin saber lo que estaba pasando. Físicamente los han tratado bien, pero temían por no ver a papá y mamá».
Un teléfono garabateado en la ropa
«Yo creo que están intentando reunificar a todos, pero no sé si van a poder porque a muchos padres ya los deportaron», pronostica la religiosa. En esos casos –apunta el padre Hoyos–, estos tendrán que intentar recuperar a sus hijos a través «de los consulados y las embajadas de Estados Unidos en sus países de origen. Por lo que sé, algunos consulados ya están trabajando en ello».
En un comunicado Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica Legal sobre Inmigración (CLINIC por sus siglas en inglés), denunciaba que a veces los progenitores «no tienen ni idea de dónde están sus hijos». Muchos están pasando, sin consentimiento paterno, de los centros de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) a agencias de acogida especializadas en buscar un hogar a menores ya adolescentes que emigran solos. Dona Abbott es responsable de una de ellas, el Bethany Christian Service. Ha contado en varios medios que a veces el ORR le dice quiénes son los padres de los niños que le llegan… y a veces no. Algunos tuvieron tiempo de garabatear un nombre o un número de teléfono en la ropa de sus hijos. En otras ocasiones, los trabajadores dependen de lo que puedan sonsacar entre juegos a niños que, en algunos casos, apenas hablan o lo hacen en lenguas indígenas.
Es frecuente que estos niños ya tengan a otros familiares en Estados Unidos que podrían hacerse cargo de ellos. El problema entonces –añade el padre Hoyos– es que, en algunos casos, «estos parientes también son indocumentados y tienen miedo de reclamarlos por si acaso los deportan también a ellos. Cuando estas personas recurran, no debería pedírseles el estatus migratorio; simplemente comprobar el vínculo familiar».