El Gobierno pone la Iglesia en el disparadero
12 Los auncios de la vicepresidenta, Carmen Calvo, sobre la fiscalidad e inmatriculaciones no han caído bien en la cúpula episcopal de nuestro país, sobre todo porque no se ha contactado con ella para acordar nada sobre fiscalidad, inmatriculaciones o edu
«La polémica sobre la exención del IBI de la Iglesia es absolutamente artificial e injusta», dice a Alfa y Omega el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal. En la cúpula eclesial cunde el desconcierto por el fondo y la forma de algunos recientes anuncios del Gobierno que ponen a la Iglesia en el disparadero, caso también de la asignatura de Religion o de las inmatirculaciones.
El Gobierno del PSOE continúa con su estrategia de sorprender con anuncios que afectan a la Iglesia a través de medios de comunicación afines, o de las intervenciones públicas de sus ministros. Mientras, la Iglesia mantiene la prudencia, pues no ve conveniente entrar ahora en confrontaciones. Pero varios obispos y altos responsables están desconcertados ante determinados anuncios del Gobierno que, después de lo que sucedió con las matizaciones del Vaticano sobre la inhumación de Franco, ponen sin embargo en cuarentena.
El último episodio sucedió a finales de la semana pasada, en medio del puente de Todos los Santos, cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, desgranó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros –le dedicó a este tema la mayor parte de su intervención– su reunión de días atrás con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Anunció entonces que Gobierno e Iglesia trabajarían juntos, a través de grupos de trabajo, para que la Iglesia pague impuestos por aquellas propiedades que no estén dedicadas al culto.
Calvo explicó esta medidas en el marco de la revisión de la política fiscal que en nuestro país está haciendo el Gobierno y en la que «no podíamos tener una pieza disonante [en referencia a la Iglesia]». Y dijo más: que la Iglesia tiene que colaborar con el Estado del bienestar y «ayudar a restañar todas y cada una de las desigualdades absolutamente injustas que la crisis ha traído a nuestro país, pensando en los que menos tienen y más necesitan».
La sorpresa en el seno de la Iglesia ha sido mayúscula. Primero, porque según ha podido confirmar este semanario de fuentes eclesiales, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto con la Conferencia Episcopal (CEE), competente en la materia, para abordar estas cuestiones. Ni siquiera se ha convocado la comisión mixta IglesiaEstado, el ámbito donde se toman estas decisiones.
De la materia fiscal, habla Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE, en conversación con Alfa y Omega: «En la actualidad la Iglesia goza del mismo régimen fiscal en materia de IBI, impuesto sobre sociedades, IVA, transmisiones patrimoniales, sucesiones o donaciones y el impuesto de actividades económicas que el que tiene la fundación de cualquier partido político, de cualquier sindicato o de