«Colapso total del sistema de asilo
La Oficina de Asilo y Refugio tiene 65.000 expedientes pendientes de resolución y la situación «empeorará» a partir del 9 de diciembre, cuando está previsto el cese del 70 % de sus trabajadores interinos. El colapso aboca a decenas de familias a la calle
Llegan a España huyendo de la violencia, de la pobreza o del hambre y sus primeras noches las pasan haciendo fila a la intemperie, ante la sede de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, para lograr ser uno de los 99 afortunados que cada día obtienen una cita previa con la que, posteriormente, iniciar los trámites para solicitar el asilo político.
Fernando García Castro, secretario general de la Sección Sindical de FSC-CCOO en el Ministerio del Interior, pudo visitar el lunes la cola de inmigrantes y se encontró «con mujeres embarazadas y niños muy pequeños» que llevaban más de 24 horas esperando a que abrieran la comisaría.
Pero este no es el único obstáculo para quienes buscan protección internacional, tan solo es el primero. «La media nacional para atender estas citas actualmente es de cuatro meses, pero en Sevilla hay un año de espera», asegura García Castro a Alfa y Omega.
Esta situación viene derivada del colapso total en el que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente de Interior, que actualmente tiene 65.000 expedientes pendientes de resolver, y se podría agravar a partir del 9 de diciembre, cuando está previsto el cese del 70 % de los trabajadores interinos –94 personas– de la OAR.
«A partir de este día, la oficina se quedará solo con 34 trabajadores, lo que supone su cierre técnico», advierte García Castro. Sin embargo, desde CCOO creen que «este caso no se reduce a un conflicto laboral, sino que se trata de un cuestión humanitaria» e instan al Gobierno a dejar de lado el «marketing de gestos» y a «contratar más personal sin cesar al personal interino existente».
En este sentido, el Gobierno ha aprobado una oferta de empleo público extraordinaria y adicional de 231 puestos de turno libre para el refuerzo en los servicios de atención a personas asiladas y refugiadas. Esta solución, sin embargo, «aborda el problema a medio y largo plazo», considera García Castro, «porque estas plazas no se van a ocupar de manera definitiva hasta dentro de un año y medio más el periodo de formación que tengan».
Desalojados del Samur Social
El colapso de la OAR provoca que cientos de personas no puedan presentar sus solicitudes de asilo y, por lo tanto, no puedan ser acogidas por la Administración mientras se tramita su expediente. «El derecho internacional dice que cualquier ciudadano que ha solicitado asilo tiene derecho a una acogida. El problema es que muchos inmigrantes no pueden solicitarlo ante el colapso del sistema», explica Javier Baeza, sacerdote responsable del centro de pastoral San Carlos Borromeo en Madrid.
Mientras se resuelve el problema, cientos de personas se ven abocadas a la calle. Es el caso de 13 familias de inmigrantes que llevaban tres noches durmiendo en el vestíbulo de la sede central del Samur Social, en el madrileño barrio de La Latina, ante la falta de plazas de acogida disponibles y mientras esperaban un lugar un lugar donde quedarse.
La noche del viernes se produjo su desalojo, justificado desde el Ayuntamiento de Madrid por «motivos de seguridad». Desde el Samur Social se llamó a la Policía Nacional, que se presentó con cuatro furgones. Al llegar los agentes, cundió el pánico entre los inmigrantes y se dispersaron por los alrededores de la sede central del Samur. Cinco de aquellas familias terminaron siendo acogidas en San Carlos Borromeo.
«Contactamos con las personas desalojadas a través de un intermediario, y cinco familias –19 adultos y 13 menores– vinieron al centro. Quitamos los bancos y pusimos unos colchones en el suelo para que pudieran pasar la noche. El resto de necesidades básicas pudieron ser satisfechas gracias a la generosidad de la gente de San Carlos», explica Baeza a Alfa y Omega. Posteriormente, a la una y media de la madrugada, apareció una familia más, una madre con un bebé y un niño de 8 años, que vinieron remitidos por el Samur Social, pero que tuvieron que llegar al centro pastoral en autobús ante la negativa de la entidad pública de trasladarlos.
Al cierre de esta edición, tres de las cinco familias acogidas en San Carlos Borromeo ya habían dejado el centro pastoral después de que el sacerdote Javier Baeza hiciera de intermediario con la Secretaria de Estado de Migraciones y los ayudara a solicitar formalmente un lugar donde quedarse hasta lograr cumplimentar la solicitud de asilo.