La Iglesia, contra el desahucio de los vulnerables

El suicidio de Alicia, una mujer de 65 años que se arrojó por la ventana de su casa durante un desahucio, ha consternado a la sociedad madrileña. Su muerte, sumada a la de muchos otros vecinos que ya decidieron acabar con su vida ante la impotencia de ser expulsados de sus casas, ha provocado la respuesta de diferentes organizaciones eclesiales.

En un escrito conjunto, la Vicaría de Pastoral Social e Innovación, Cáritas Madrid, Justicia y Paz y la Mesa por la Hospitalidad de la archidiócesis de Madrid demandan tres puntos esenciales para plantar cara a la emergencia habitacional: la promoción de «una iniciativa legislativa popular que impida el desahucio de personas vulnerables», la construcción de al menos 20.000 viviendas sociales e «incentivar el alquiler social para la población vulnerable»

Según las entidades firmantes, las carencias en materia de vivienda «desembocan en un incremento notable de familias que no pueden pagar los alquileres de mercado». Algo que, como refleja su análisis, las aboca a convertirse en personas sin hogar. Además, cuando las familias llegan a ese extremo, son las propias entidades benéficas quienes «con frecuencia hemos de dar cobertura a personas que están siendo lanzadas de sus hogares y que, en no pocos casos, cuentan con hijos e hijas menores, personas ancianas, enfermas o discapacitadas».

Por último, las instituciones implicadas en el documento exigen que las medidas que proponen se implementen con celeridad, pues «tanto la Administración local como las entidades de intervención nos volvemos locos para paliar los estragos de una hemorragia social imparable que requiere un abordaje preventivo».