Los agustinos recoletos implican a alumnos, padres y profesores
Los agustinos recoletos llevan más de seis meses trabajando con un plan de protección de menores –ante acoso escolar, abusos sexuales, violencia…– que ha comenzado su implantación en los centros educativos españoles y que más tarde se expandirá por las distintas obras agustinianas repartidas por todo el mundo. El objetivo es claro: incentivar en cada centro una cultura de la protección y del buen trato del menor y que en cada colegio haya un equipo de personas que lidere e impulsen la sensibilización, la formación y la implementación de un sistema estable. Como señaló el padre Antonio Carrón, presidente de Arcores, la red solidaria de los agustinos recoletos, «no es solo una reacción a los casos que se hayan podido dar, sino una reacción proactiva». Este plan se implementará en todos los centros educativos de la familia agustino recoleta en nuestro país o, lo que es lo mismo, de él se beneficiarán 9.000 alumnos, 6.000 familias y 500 docentes.
Una de las principales aportaciones de este plan es la formación, que será obligatoria para los profesores, personal administrativo, alumnos y familias, con materiales elaborados según las necesidades de cada colectivo. Se hará en forma de talleres impartidos por aquellos coordinadores o profesores que han recibido la formación adecuada.
En el caso de los alumnos, algunos centros ya han realizado algunos talleres. «Se trata de empoderar a los alumnos, que sean conscientes de los derechos que tienen y que puedan levantar la voz si tienen algún problema», apunta Lino Iglesias, coordinador del plan de protección. De hecho, los agustinos recoletos quieren que este plan forme parte del currículo educativo de sus centros. En paralelo a los jóvenes, sus padres también siguen una formación específica de modo que luego puedan hablar entre ellos.
Muchos de los diez centros ya tienen creadas estructuras de protección en el entorno escolar, esto es, una comisión para la protección de menores compuesta por personal administrativo, educadores, padres y alumnos, que es la responsable de garantizar el pleno uso por parte de los menores de sus derechos, así como de garantizar su protección en todo momento. Y para ello articula los procedimientos necesarios para la concienciación, prevención y protección efectiva a través de la detección temprana de cualquier posible problema y para establecer mecanismos. Cada comisión tiene un coordinador al que se le requiere formación especializada. De hecho, los que ya han sido nombrados están haciendo una formación impartida por la Pontificia Universidad Gregoriana y su Centro de Protección del Menor.
Bárbara Mora es una de las coordinadoras de este proyecto, concretamente en el Colegio Santo Tomás de Villanueva de Granada. En su centro, los alumnos ya han realizado los dos talleres disponibles –uno sobre los derechos y necesidades del menores y otro sobre el abuso sexual–. La conclusión es clara, tal y como manifiesta a Alfa y Omega: «Hay que trabajar estos temas con los alumnos porque les llega». Antes de trabajar con los niños, se ofreció a las familias una sesión informativa para que supieran qué íbamos a trabajar y la respuesta también ha sido «muy positiva», igual que la de los profesores y del resto de personal del centro.
Isabel García está muy implicada en este proyecto en el Colegio San Agustín de Motril (Granada). Ella ha trabajado los materiales con los alumnos menores de Formación Profesional y su balance también es bueno. «Temía que los alumnos se lo tomaran a pitorreo, pero me sorprendieron y se involucraron mucho», añade en conversación con este semanario. A raíz de estos talleres, sus alumnos hicieron un vídeo para publicar en redes y dieron a los alumnos de Educación Secundaria un taller sobre acoso: qué era, qué no era o cómo se manifiesta… Otros alumnos están trabajando en una encuesta entre profesores y alumnos sobre si ha habido y hay acoso escolar en el colegio con el objetivo de publicar un informe.
De aquí a noviembre de 2019, el plan seguirá extendiéndose –cada centro elige la forma y el ritmo de implantación–, momento en el que se hará una auditoría para analizar los resultados del proyecto.