Cuidar de manera integral

Clara Martínez García*

La violencia contra la infancia en España es una realidad, aunque no es nueva. Las cifras de las que se disponen –solo de casos notificados o denunciados– reflejan que es, además, una realidad más extendida y arraigada de lo que se cree. La pandemia de COVID-19 y las limitaciones de derechos durante el

Estado de alarma han hecho que dichas cifras incluso aumenten. Además, las consecuencias de haber sufrido violencia durante la infancia son graves, profundas y muchas veces permanecen para siempre.

Para hacer frente a esta lacra intolerable el Congreso creó en 2014 una subcomisión ad hoc de la que se derivó la necesidad y la oportunidad de impulsar una ley para la erradicación de la violencia contra la infancia. La aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos de una proposición no de ley en 2017 instando al Gobierno a su tramitación fue asumida por los sucesivos gobiernos que han venido trabajando en ella.

Algunos se pueden preguntar para qué hace falta otra ley en España, cuando los problemas no se solucionan haciendo más leyes. Ciertamente, las leyes por sí solas son insuficientes, pero son condición necesaria para identificar los derechos que merecen protección y los poderes públicos obligados a procurar su garantía me