«Hay que acreditar y justificar todo lo que hacemos»
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La Oficina de Transparencia de la diócesis de Cartagena elabora una guía para prevenir el blanqueo de capitales que ayudará a parroquias y a entidades religiosas menores –cofradías, asociaciones, fundaciones...– a gestionar correctamente donaciones, suscripciones, ventas de inmuebles y herencias
La Iglesia en España se está tomando en serio la transparencia y el buen gobierno, sobre todo en lo que atañe a los asuntos económicos. Ejemplo de ello es la decidida apuesta de la Conferencia Episcopal Española, que cada año rinde cuentas ante la sociedad y la Administración a través de una amplia memoria que recoge las cuentas de todas las diócesis, que se somete a un análisis a través de una auditora independiente, y que también revisa el Tribunal de Cuentas.
Esta apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas se está trasladando paulatinamente a las diócesis. De hecho, algunas ya están embarcadas en la elaboración de una memoria como la de la CEE en sus ámbitos para publicar el Día de la Iglesia Diocesana, pues hasta el momento se suele presentar solamente el balance de las cuentas.
En esa tarea está la diócesis de Cartagena, cuya Oficina de Transparencia acaba de publicar, además, una guía para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Orientaciones para evitar que el Obispado, las parroquias o las entidades menores puedan ser utilizadas para estos fines u otras actividad delictivas.
Para ello, incide fundamentalmente en los ingresos recibidos a través de donaciones, suscripciones, ventas de inmuebles, herencias o legados. Por ejemplo, en el caso de las donaciones, la guía establece que no se pueden aceptar importes en efectivo que superen los 1.000 euros, esto es, la mitad de lo que la ley permite.
Además, obliga a identificar al donante –nombre, apellidos y número de identificación– siempre que la cantidad recibida sea igual o superior a los 100 euros, a conservar los justificantes y a poner en conocimiento del Obispado –en caso de parroquias y entidades menores– los donativos que superen los 15.000 euros. Todas estas normas se aplican, a excepción de la primera, también a las suscripciones.
Investigación del fallecido
En el caso de herencias y legados, la guía establece que hay que solicitar el acta notarial de la herencia o entrega del legado, así como realizar previamente una pequeña investigación de la persona fallecida «para verificar que no se encuentra en ninguna causa abierta de blanqueo de capitales, corrupción, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva».
En la venta de inmuebles no se podrán aceptar pagos en efectivo; solo valdrán cheques, transferencias u otros instrumentos que garanticen la identidad. Habrá que conservar el justificante del medio de pago y solicitar autorización al Consejo de Asuntos Económicos y al Colegio de Consultores siempre que la operación supere los 150.000 euros. Del mismo modo, se tendrá que conservar el acta notarial de la compraventa y analizar el origen lícito de los fondos que se van a recibir.
Aunque más escueto, la guía dedica un apartado a los gastos, en el que se pone el énfasis en la aceptación de documentos de pagos que cumplan la legislación civil y fiscal, y la necesaria autorización del Obispado ante gastos o inversiones que superen los 150.000 euros.
Todas estas medidas tienen un por qué, que se encuentra –además de en la voluntad de la Iglesia de ser más transparente–, en los cambios normativos que se han producido en los últimos años en materia de protección de datos, transparencia y cumplimiento normativo. Así lo explica Carlos Delgado, director de la Oficina de Transparencia de la diócesis de Cartagena: «Antes, cuando se cometía un ilícito penal, se perseguía. Ahora el centro de atención cambia y se pone en la prevención, en poner todos los medios posibles para que ese ilícito penal no se llegue a producir». Delgado explica, en conversación con Alfa y Omega, que esta guía irá acompañada de un plan de formación para el personal de la diócesis, párrocos y miembros de asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas diocesanas, etcétera.
Además, desde la Oficina de Transparencia están trabajando en la elaboración de sus propios estatutos, de modo que queden perfectamente delimitadas sus atribuciones, así como en un manual de inversiones financieras, que ya está preparado y se publicará próximamente, y en una guía de compras, servicios y suministros.
Todo esto para responder a un deber de transparencia y cumplimiento normativo y para ofrecer a los fieles las cuentas claras, porque, dice, «hay que acreditar y justificar todo lo que hacemos». «Cuantas más explicaciones ofrezcamos, la gente estará más tranquila y conocerá nuestras actividades. Generará más confianza», concluye.