Los centros abortistas temen perder negocio
Más barato y sencillo: así es el aborto químico cuya implementación en la sanidad pública dejó a medias Salvador Illa. Los centros privados, que lo cobran casi a precio de quirúrgico, rechazan la medida y piden ayuda al Ministerio de Igualdad
ESPAÑA El exministro de Sanidad Salvador Illa intentó dar prioridad al aborto farmacológico, más barato y sencillo, en centros públicos de atención primaria. Los privados, que cobran esta práctica de las arcas públicas muy por encima de su coste real, se oponen.
Junto a la pandemia, una de las patatas calientes que se ha encontrado Carolina Darias al coger el testigo del Ministerio de Sanidad de manos de Salvador Illa es el intento de modificar la prestación del aborto promoviendo el farmacológico. Una primera propuesta justificaba la reforma con una supuesta «saturación» del sistema público que «hacía que la demanda se reorientara hacia el sector privado». Se proponía como solución el aborto químico, «más económico» y cuya «utilidad y facilidad de uso» permitiría ofrecer esta prestación en «centros de atención primaria» y que la mujer la completara en su hogar.
Juan Luis Delgado, jefe de Obstetricia del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia), explica que este método usa misoprostol y mifepristona. La primera sustancia es la que «se les da en la actualidad al 90 % de las mujeres que pierden un hijo de forma natural», pero no lo expulsan espontáneamente. Aunque el proceso se prolonga (el mayor sangrado es en el primer día, pero puede haber restos varias semanas) y genera malestar vivirlo en casa, asegura que es más seguro que el quirúrgico: «El riesgo de complicaciones es mayor cuanta más manipulación haya».
En el caso del aborto provocado, «con un embarazo viable, bien enganchado y con hormonas activas, la expulsión es mucho más difícil». Ahí entra en liza la mifepristona. Delgado especula que, con esta propuesta, los abortos podrían centralizarse en algunas consultas donde la mujer la ingeriría delante del profesional (para evitar que se la lleve y se use para otros abortos) y se le entregaría el misoprostol para administrarlo en casa. No ve en ello más «problema ético» que el evidente de poner fin a la vida del hijo.
Coincide Esperanza Puente, voluntaria de la Fundación RedMadre: «Al final el tipo de aborto da igual», porque la mujer antes o después se enfrenta al hecho de que «alguien ha muerto». Habituada a tratar con mujeres que (como ella) han abortado, sí destaca que «me estoy encontrando culpas más profundas» en las que lo hicieron por esta vía. Además de la mala experiencia de «los dolores, vómitos y sangrados», hablan de cómo «en este caso fueron ellas las que se tomaron la pastilla», en vez de que fuera un tercero quien acabara con su hijo; y les duele ser conscientes de cómo este «se ha ido por la taza del váter».
Un negocio muy rentable
Además de circunstancias que dificultan abortar en casa, «muchas mujeres» eligen la vía quirúrgica porque «valoran no ser conscientes del aborto». Así justificaba en declaraciones a Catalunya plural Eva Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), su firme oposición a la propuesta de Illa. En 2019, los centros privados realizaron unos 7.900 abortos químicos. Su problema, por tanto, no es el método.
Alegan que en la sanidad pública las mujeres no podrán elegir el tipo de inter vención. Pero los datos muestran que, además, corren el riesgo de perder una práctica muy rentable. Según confirma a Alfa y Omega la Consejería de Sanidad de Madrid, los 1.015 abortos farmacológicos que se realizaron en 2020 en la comunidad fueron todos en centros privados. Recibieron de las arcas públicas 375 euros por cada uno. Es una cifra cercana a la de un aborto quirúrgico, cuando las sustancias que se emplean apenas cuestan diez euros por intervención y las necesidades de personal y equipamiento son mucho menores.
Otros problemas de los centros
La polémica ha sacado a la luz otras facetas del aborto en España. Por un lado, la propuesta de Illa reconocía que dejándolo como hasta ahora en manos de los centros privados «no se lograría» el «fin último de reducir[lo]», mientras que forzarlo en hospitales públicos «resultaría complejo y difícil de aceptar por el personal y responsables sanitarios».
Además, junto a su desacuerdo, tanto las empresas del aborto como las entidades que lo defienden han verbalizado otras preocupaciones, que se traducen en sus prioridades para la reforma de la ley del aborto que prepara en paralelo el Ministerio de Igualdad. Por ejemplo la ausencia de interés de los sanitarios. El aborto provocado, se quejan, no se enseña en las carreras sanitarias y falta relevo generacional: los profesionales no acuden a ellos en busca de trabajo.
Por ello, reiv indican la formación obligatoria en esta práctica durante la carrera (incluida ya en la ley de 2010) y limitar la objeción de conciencia. «De nada sirve promover el acceso al aborto farmacológico», ha criticado Estefanny Molina, de Women’s Link Worldwide, si los centros públicos siguen objetando de forma «institucional y generalizada».
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