«Es una situación a largo plazo»
«No recuerdo en ninguna parte del mundo un esfuerzo de regularización de casi dos millones de personas» como el que ha puesto en marcha el Gobierno colombiano con la creación de un Estatuto Temporal de Protección para los migrantes venezolanos. Lo aplaude Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Bolívar explica que el verano pasado se produjo un «hito», cuando el presidente Iván Duque «dijo por primera vez que la situación de los venezolanos en nuestro país es a largo plazo». El desarrollo de la norma, al que ella ha contribuido, ha encontrado resistencias dentro del Ejecutivo. A una de las objeciones, la enorme carga para el país, responde que estas personas ya reciben atención médica urgente y sus hijos educación. El coste «será menor» si están «regularizados para tener acceso al empleo, cotizar y pagar impuestos».
Por eso, subraya el compromiso de la sociedad civil de trabajar «para que el espíritu de la norma no se vaya borrando» al concretar su aplicación. Espera, por ejemplo, que además de dar papeles a casi un millón de indocumentados se solucionen los problemas de otras 800.000 personas con Permiso Especial de Permanencia o solicitudes de asilo. Aunque están en el país de forma legal, sufren limitaciones como no poder tener cuentas bancarias o, en el caso de los segundos, trabajar. Queda además la incertidumbre sobre qué va a pasar con los que sigan entrando y pidan refugio.