EN EL LABERINTO
El “soufflé” del independentismo en Cataluña, lejos de desinflarse, ha terminado subiendo hasta producir un vértigo que excede el marco político para afectar al conjunto de la sociedad española y a la marcha económica del país. De momento, empujadas por la secesión independentista, 2.276 empresas de todos los sectores han trasladado su domicilio social desde Cataluña a otras regiones de España, frente a 83 que han hecho el camino inverso, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles. Estos cambios han afectado ya también a importantes empresas de alimentación y bebidas como Bimbo, Idilia Foods, Pastas Gallo, Codorníu o San Miguel, que han sacado su sede de Cataluña en búsqueda de más estabilidad y seguridad jurídica. Son traslados que responden a la estrategia empresarial de proteger intereses de accionistas, clientes y empleados, sin demasiadas consecuencias sobre la recaudación de impuestos o la actividad productiva. Pero son gestos importantes de la implicación de la empresa con el territorio y, en algunos casos, podrían ser el primer paso para el traslado definitivo de centros de producción o servicios; lo que sí repercutiría en el pago de impuestos y puestos de trabajo.
Después de que el Senado autorizara la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la tendencia empresarial a abandonar Cataluña se ha frenado ligeramente y, aunque todavía es pronto para cuantificar el impacto de la situación política en la economía real, parece más que probable una desaceleración en la actividad y el empleo para finales de este año y 2018. Además, si la incertidumbre persiste, se notará también el efecto sobre la evolución del turismo, que podría crecer un punto menos de lo previsto. Hay que tener en cuenta que solo las 62 principales compañías que han iniciado movimientos de salida de Cataluña tienen un impacto directo en el PIB superior a los 11.500 millones de euros, lo que supone un 5,4% de la economía catalana y un 1% en el conjunto de la española.
El sector del gran consumo también está preocupado ante la gran polarización que están viviendo los ciudadanos en España, según su situación geográfica; así como por la aparición de listas de boicot a productos y marcas catalanas. Para cerca del 70% de los más de 1.000 directivos de empresas fabricantes y distribuidoras, reunidos en Valencia durante el último
Congreso Aecoc de Gran Consumo, esta situación representa el mayor freno en la buena marcha de la economía española.
El impacto del desafío independentista ha comenzado a influir en la reputación de algunas compañías y, por ende, en su evolución económica. Un reciente informe de Reputation Institute constata que las empresas que han cambiado la sede social se han visto beneficiadas en el conjunto de España, mientras en Cataluña tienen un impacto negativo. Así, el 47% de catalanes afirmaría tener una peor percepción de las empresas que han decidido mudarse, frente a un 77% de españoles (sin contar a los catalanes) que respalda esta decisión empresarial. Según la misma fuente, un 23% de españoles afirmaba haber dejado de comprar ya productos catalanes; a lo que se sumaría otro 21% si Cataluña se independiza, lo que supondría un impacto total de 20.000 millones de euros.
Sin duda todos los españoles, catalanes incluidos, estamos inmersos en un laberinto de salida complicada; pero las empresas tienen por delante, además, el resolver un difícil ejercicio. No hacer nada suele ser siempre una mala estrategia empresarial, pero tomar decisiones viscerales, será peor. En estas circunstancias, apostar por criterios estrictamente de negocio, al margen de corrientes o movimientos políticos; así como valorar debidamente el corto, medio y largo plazo, sin olvidar hacer una comunicación transparente, acabará beneficiando a las compañías que acierten en su línea de actuación.