Archivados sin sanción los expedientes de la OP
Saiz, Belda, Labarta y Yolanda Fuentes, exonerados
La Federación Española de Ciclismo (RFEC) abrió expedientes disciplinarios contra Manolo Saiz (Liberty), Vicente Belda, Ignacio Labarta y Yolanda Fuentes (Comunidad Valenciana) en 2006, cuando explotó la Operación Puerto. Los cuatro, en posesión de licencia deportiva entonces. Casi doce años después, y tras la sentencia definitiva de la Audiencia Provincial de Madrid de 2016, al fin se han cerrado sus casos. Y la RFEC los ha archivado sin castigos, como confirmó As, pese a que en la resolución del magistrado Benito López quedó probado que los acusados de la OP recurrieron a prácticas dopantes. Según esgrime la Federación: como no cuentan con licencia en la actualidad, no les sanciona. Aun así, Saiz dirige el Aldro Team Sub-23.
En los tribunales se juzgó un presunto delito contra la salud pública, ya que ni siquiera había leyes antidopaje en 2006. Los implicados, con Eufemiano Fuentes como cabecilla de la trama, fueron absueltos porque no se consideró la sangre un medicamento. Benito López entregó las bolsas a los organismos deportivos en un primer momento para su identificación, pero revocó la orden para que no sirvieran para descubrir a los clientes de Eufemiano. Con ese último revés de la justicia española, las opciones se reducían a rematar estos expedientes o a que la Agencia Mundial (AMA), a cargo de los análisis, desvelara los nombres.
Una puerta se ha cerrado y la otra parece totalmente atrancada. Los abogados de la AMA piensan que la revelación resultaría inútil y atentaría contra la intimidad de los involucrados: no se impondrían suspensiones por la prescripción de los hechos, de la que culpan a todas las instituciones de España. La Unión Ciclista Internacional (UCI) y la AMA pueden apelar y solicitar la reapertura de los expedientes. La RFEC no tiene ningún interés en continuar con la causa y la Agencia Nacional (AEPSAD) no dispone de potestad: en 2006 tampoco existía, y el proceso se ha conducido con la normativa anterior a la Ley de 2013.
La Federación no sanciona pese a que en el juicio se
probó el dopaje