Luz verde a la Ley Antidopaje
El Consejo de Ministros pasa el proyecto a las Cortes para su tramitación
El Consejo de Ministros aprobó ayer en su segunda lectura el proyecto de Ley Orgánica de lucha contra el dopaje en el deporte, que se remite ahora a las Cortes Generales para que se tramite antes de los Juegos de Tokio. Subsanados los defectos detectados por el Consejo de Estado en su informe del pasado 29 de abril (sobre dopaje animal, agravantes y jurisdicciones), a las Cortes les corresponderá la confirmación definitiva.
España lleva un retraso de casi medio año con un asunto siempre espinoso, y que ya acarreó en 2016 una suspensión por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Entonces no se efectuó a tiempo la actualización de la legislación para adaptarla a la nueva versión del Código Mundial. El Gobierno, que dio luz verde al anteproyecto en octubre de 2020, prometió sacarlo adelante antes de las modificaciones más recientes del Código, revisado cada sexenio, el pasado 1 de enero.
El pasaporte biológico significaba (y significa) uno de los principales problemas para la AEPSAD, que pasará a denominarse Agencia Estatal y Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte y trasladará sus competencias en salud al Consejo Superior de Deportes (CSD). Introducido mediante un
Real Decreto en 2017, se reforzará como herramienta sancionadora válida, ya que su regulación se encuentra en entredicho y recurrida en los tribunales ordinarios por la AMA después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) absolviera al exciclista Ibai Salas. Los expedientes abiertos quedaron parados y la Agencia, en incumplimiento respecto a un instrumento clave en el antidopaje.
Otras novedades de la Ley serán la adecuación de infracciones y productos prohibidos (se introducirán las sustancias de abuso, como cannabis, cocaína, heroína y éxtasis); se distinguirán tres niveles de deportistas, internacional, nacional y aficionado, con penas acordes a su categoría (endurecidas para los que administren); se incorporará la figura de las “personas protegidas”, los menores y los carentes de capacidad jurídica y de obrar; y se creará un comité sancionador, independiente y de expertos (con médicos, juristas y deportistas), como la última instancia administrativa.