Torra confina Lleida pese al veto judicial
La Generalitat de Cataluña aprobó a última hora de anoche un decreto ley para blindar el confinamiento en Lleida que debía haber entrado en vigor a las 00:00 horas de ayer lunes. Con este decreto, el Ejecutivo que preside Quim Torra busca dar cobertura legal a su decisión después de que el juzgado de guardia de
Lleida admitiera un recurso de la Fiscalía Provincial que pedía anular el confinamiento domicliario al entender que era competencia estatal.
“Hemos aprobado un decreto ley que recoge el ordenamiento jurídico que nos permite aplicar este tipo de medidas más restrictivas. Una vez se publique dictaremos la resolución correspondiente para que se tomen esas medidas en Lleida”, explicó en TV3 la consejera de Presidencia y portavoz del Govern,
Meritxell Budó. Por la mañana, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat, Torra afirmaba: “No estamos de acuerdo con esta decisión judicial. Asumiremos las consecuencias, pero no puedo poner en peligro la salud de las personas”.
En su resolución, la jueza de guardia, Elena García Muñoz, señalaba que para tomar medidas de semejante gravedad, el Gobierno central debería declarar de nuevo el estado de alarma, así como incidía en que la resolución “parece una copia” del propio decreto del estado de alarma. La jueza calificaba como “pobres” los datos aportados por el Ejecutivo catalán y señalaba que “la proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, que en el informe aparece de pasada”.
Horas antes de que la Fiscalía tumbase la propuesta, la consejera de Salud, Alba Vergés, apuntaba a un “paso previo al confinamiento total”. “Estamos tomando medidas excepcionales que se suman a las de la semana pasada, ya que hay una alta transmisión del virus y nos hace pensar que debemos actuar cuanto antes”.
Las medidas de confinamiento que contempla la Generalitat incluyen la prohibición de los desplazamientos, a excepción de los “trabajadores esenciales” como los de los servicios de “seguridad, salud, penitenciarios, judiciales, funerarios, aguas, telecomunicaciones y residuos”.
El Ministerio Público alegó que la competencia para decretar el confinamiento domiciliario es exclusiva del Gobierno central
“Una vez se publique el decreto ley dictaremos la resolución para que se tomen esas medidas en Lleida”, explicó la portavoz Budó