El impuesto del diésel llegará, y lo hará pronto

■ EN EL PUNTO 10 DE LA DECLARACIÓN de emergencia climática, el Gobierno se compromete a “no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes”. Es el paso necesario para la imposición y entrada en vigor, finalmente, del nuevo impuesto al diésel, que el Gobierno quiso imponer ya en 2019, y que finalmente no pudo hacer al no lograr la aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales.

Preguntada al respecto en La Sexta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que "el

Gobierno está comprometido con el cambio climático" y que "tenemos que aportar nuestro granito de arena a un combate que le compete al conjunto de gobiernos y a todos los ciudadanos". Además, fuentes del sector en contacto con el Ejecutivo consultadas por Autofácil señalan que, con este Ejecutivo, “la fiscalidad del automóvil va muy rápido”.

Hay que recordar que el citado impuesto al diésel se trata, en realidad, de un tributo específico que busca la progresiva equiparación en España de los impuestos al gasóleo frente a los de la gasolina -España es uno de los países europeos que menos grava el diésel-. La misma

ministra Montero ya indicó en 2019

que la implementación de esta medida supondría un incremento directo de 3,8 céntimos de euro por litro y que, para un usuario tipo, que recorra 15.000 km al año, el coste anual en combustible se incrementaría en 36 euros.

Con esta medida, el Ejecutivo pretendería recaudar 3,3 millones de euros más al mes ya que, si bien la subida afectaría a todos los usuarios particulares -más de 14 millones de automovilistas-, los profesionales dedicados al transporte o a la agricultura, así como los taxistas, estarían

exentos de la misma.