CARRETERAS DE PAGO
Hace unos días se levantó un gran revuelo con el anuncio por parte del Gobierno de su intención de cobrar un peaje por el uso de las vías de alta capacidad de nuestro territorio. Tal fue la ola de críticas que suscitó, que pronto el ministro de Transportes se apresuró a posponer el proyecto (en principio, sólo se plantearían sacarlo adelante con el consenso del Parlamento). Pero es que es algo que no tenía ni pies ni cabeza.
En un país con 22 ministerios, con sus respectivos asesores y demás cargos, que generan un gasto enorme para hacer más bien poco, no se les ocurre otra cosa para recaudar más dinero del contribuyente que esta medida impositiva (otra más) relacionada con el uso de las autopistas. Y esto, unido a la subida imparable del precio de los combustibles, ha provocado que, sobre todo el sector del transporte, haya puesto el grito en el cielo.
Es todo un despropósito. Con la lacra que sufrimos con el tema de las autopistas de peaje (han costado un dineral y casi nadie las usa, provocando la quiebra de algunas de las empresas concesionarias), y al Gobierno no se le ocurre otra cosa que pretender que cualquier desplazamiento por una vía principal cueste dinero a la población en general (lo que seguramente provocaría un aumento de la circulación por vías secundarias, las que más accidentes registran).
Les diría a los políticos responsables que se dedicaran a velar por nuestra seguridad de verdad, manteniendo las carreteras en perfecto estado de conservación y con la señalización adecuada, y promoviendo el uso seguro y responsable del coche. Eso sí salva vidas, y sin tener que meter (todavía más) la mano en el bolsillo del contribuyente para arreglar su mala gestión de los recursos económicos del Estado.
Y una vez depuradas las cuentas públicas, quedándose con un aparato gubernamental coherente a los tiempos de crisis que nos acechan (es decir, dejar de pagar sueldos innecesarios a asesores que no existen en todos esos Ministerios inútiles; y eso sólo como primera medida), entonces plantear medidas lógicas y adaptadas a los usuarios por el uso de las carreteras de alta capacidad (siempre que el dinero se destine única y exclusivamente a fomentar y mejorar la seguridad vial).