El error humano provoca el 90% de los accidentes

¿En qué fallan las carreteras secundarias? La Asociación Española de la Carretera argumenta cómo puede bajar la siniestralidad.

P Para mejorar las carreteras secundarias, ¿hay que invertir en mantenimiento?

R En la Asociación Española de la Carretera elaboramos cada dos años un estudio en el que se determina la inversión necesaria de la red de carreteras española para paliar el déficit en conservación. La última inspección valoraba dicha inversión en más de 6.000 millones de euros. España está saliendo de un duro periodo de crisis económica y financiera durante el que no se pudo invertir lo suficiente. Desde la AEC demandamos que en los próximos años se lleve a cabo un mayor esfuerzo en conservación: en caso contrario, los costes de reparación serán cada vez mayores, lo que afectará antes o después a las partidas presupuestarias.

P Muchas de las medidas que proponéis no implican una gran inversión, ¿dónde está el escollo para no implementarlas?

R Una de las razones reside en la insuficiente inversión destinada a las infraestructuras viarias durante la crisis, pero existen otras de tipo técnico. Por ejemplo, la implementación de medidas de seguridad vial debe de pasar por una fase de identificación y valoración de peligros potenciales o reales, algo que tendría fácil solución realizando auditorías e inspecciones de seguridad vial. Hoy en día solo son obligatorias en la Red Transeuropea de carreteras, que en el caso de España presenta una longitud inferior a 12.000 kilómetros, lo que supone un 7,2% del total de la red. La generaliza- ción de las auditorías e inspecciones de seguridad vial a todas las carreteras o, al menos, a las que presenten mayores índices de peligrosidad y mortalidad contribuiría de manera decisiva a la implementación de medidas, incluidas las de bajo coste.

P La distracción, la velocidad, la carreteras…, ¿qué provoca más accidentes en las carreteras secundarias?

R Todos los expertos coinciden en señalar al factor humano como el que se presenta con mayor frecuencia en los siniestros viales, alrededor del 90%,, lo cual no debe hacernos olvidar el papel que puede jugar la infraestructura para “perdonar” posibles errores de los usuarios. Sin duda alguna, la velocidad y la distracción son factores concurrentes, con una incidencia muy acusada en el conjunto de los siniestros. Según el último anuario Estadístico de Accidentes publicado por la DGT, en el año 2016 se produjeron al menos 6.348 infracciones de velocidad por parte de los conductores implicados en accidentes con víctimas en vías interurbanas, siendo la causa de unas 300 muertes al año. Por su parte, las distracciones al volante son la causa de más del 30% de los accidentes.

P La velocidad en estas vías es un tema polémico.

R En el año 2007 la AEC remitió a la Comisión de Seguridad Vial del Congreso un informe en el que proponía la revisión de los límites de velocidad en función no sólo del tipo de vía, sino también de la siniestralidad real de la misma, las condiciones meteorológicas o la luminosidad. En este sentido, la señalización variable parece una buena solución en aras de una movilidad más sostenible, tanto desde el punto de vista de la seguridad, como del medio ambiente. La instalación de radares de velocidad obedece a distintos criterios técnicos y durante los últimos años se están haciendo esfuerzos por llevar a cabo campañas de control de velocidad en carreteras convencionales.

P La Estrategia de Seguridad Vial de la DGT contempla medidas que afectan a las carreteras secundarias.

R La DGT ha llevado a cabo campañas de vigilancia en las carreteras convencionales, comprobando que se cumplen los límites de velocidad, que los adelantamientos se realizan de forma correcta, que se conduce sin la presencia de alcohol o drogas, que se hace uso del casco y de los sistemas de retención infantil o que la documentación, tanto del conductor como del vehículo, es correcta. Si bien es cierto que es la DGT quien se encarga de instalar radares y poner en marcha estas campañas de control, la implementación de medidas relacionadas con la infraestructura corre a cargo de las administraciones titulares en cada caso. Se trata, por tanto, de un esfuerzo que debe ser compartido por todas las administraciones, así como por la sociedad civil en su conjunto.