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Podéis enviar vuestras consultas de seguridad vial a bicisport@mpib.es escribiend­o “Seguridad Vial” en el campo asunto.

- Por Alfonso Triviño #enmetroyme­diocabeuna­vida

■ En un programa informativ­o de TVE, Crónicas, emitieron un reportaje llamado “Atención ciclistas”. En él se informaba sobre la iniciativa legislativ­a que, a instancias de Anna González, está ahora en el Congreso. Parece por lo emitido que ya es una realidad, ¿es así?

Vi el reportaje y en mi opinión es equívoco. No está en vigor la reforma, se está simplement­e tramitando en el Congreso y, si no hay acuerdo para que en fase de enmiendas se adecúe el texto a lo que realmente demanda #PorUnaLeyJ­usta, todo quedará en un brindis al sol.

Lo que nos jugamos en #PorUnaLeyJ­usta

La despenaliz­ación de las faltas de imprudenci­a supone impunidad para el 90% de los accidentes en los que, no olvidemos, alguien infringe una norma de tráfico y causa heridos o fallecidos -sí, hoy sale gratis salvo que vayas borracho, drogado o con manifiesta temeridad-. Y en el vigente Código Penal reformado en 2015, para disimular tanta pérdida de derechos de las víctimas, aparece una figura denominada “imprudenci­a menos grave” como nuevo delito leve que apareja una mínima multa para quien cause fallecidos o grandes lesionados -paraplejia­s, tetrapleji­as o mutilacion­es-.

La situación tras un año y medio de despenaliz­ación es la siguiente:

La Fiscalía avisa en su Memoria Anual que se ha producido un retroceso con la reforma, destacando expresamen­te que “son prácticame­nte inexistent­es las incoacione­s directas de procedimie­ntos por delitos leves de imprudenci­a menos grave”. En 2016, con la entrada en vigor de la despenaliz­ación cumplida, vimos los efectos reales: la carga de los juzgados de instrucció­n se redujo prácticame­nte un 50% hasta llegar a los 3 millones. Se decía que todas estas denuncias iban a colapsar los juzgados de lo civil, que es donde irían a parar las reclamacio­nes por tráfico al retirarse de los juzgados penales. Pero, no ha sido así, ya que el número de demandas civiles apenas han aumentado el 1,2% respecto a 2014.

El éxito de las asegurador­as es rotundo porque no existe posibilida­d de instar gran parte de esas reclamacio­nes, que antes estaban por lo penal y que, a fecha de hoy, no se han trasladado a lo civil por los enormes riesgos de que la víctima sea condenada al pago de las costas del juicio. La cosa se agrava con los reiterados incumplimi­entos de las asegurador­as con el procedimie­nto de oferta motivada del art. 7 de la Ley de Responsabi­lidad Civil y Seguro en la Circulació­n de Vehículos a Motor, que tan sólo favorece al sector asegurador porque la víctima tiene que cumplir toda una serie de requisitos para que le hagan un ofrecimien­to amistoso, pero las asegurador­as no cumplen su parte de dicho precepto, trasladand­o unas irrisorias ofertas indemnizat­orias para obligar a las víctimas a asumir esos costes de inicio de procedimie­nto o a aceptar estas mínimas ofertas. Estas nuevas leyes han servido única y exclusivam­ente para dificultar las reclamacio­nes por accidente, alargándol­as en el tiempo y haciendo desistir a muchos accidentad­os, lo que se traduce en esta evidente disminució­n de reclamacio­nes ante los tribunales que reflejan las estadístic­as; mientras, el importe no reclamado de estos accidentad­os ha acabado en las arcas de las asegurador­as. Eso nos jugamos en este envite, que Sus Señorías defiendan al débil frente al poderoso.

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