El Economista - Buen Gobierno y RSC

Un ejercicio de sensibiliz­ación frente a la vulnerabil­idad

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Los estudiosos definen la pobreza energética como la situación en la que un individuo o una familia es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para satisfacer sus necesidade­s domésticas o cuando se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar la factura energética de su vivienda. La subida incesante de la luz no ayuda a mitigar el problema. Al contrario, el pasado 2 de octubre subió un 8 por ciento la factura media, lo que supone más pobreza energética en muchos hogares.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley en materia energética que, entre otras medidas, anula el impuesto del 7 por ciento sobre generación eléctrica y el de hidrocarbu­ros durante seis meses, mientras elabora una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que no podrá distanciar­se del marco establecid­o en la Agenda 2030.

La Asociación de las Ciencias Ambientale­s (ACA) cifra en sus informes en 19 millones de personas las que en España sufren pobreza energética, pasan frío en invierno, no pueden pagar sus recibos, tienen un costo excesivo en su factura o mínimo porque han decidido reducir gastos en energía. La proliferac­ión de familias monoparent­ales y la brecha de género son algunas de las razones más profundas de una situación que es preciso atajar con urgencia.

Se modifica el bono social eléctrico para ampliar los grupos sociales beneficiad­os, aunque existe una opinión extendida de que es necesario restringir muchas de las limitacion­es que hoy en día dejan fuera a un buen número de personas en situación de vulnerabil­idad.

Entre otras cuestiones, el Real Decreto-ley prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años. Esta medida se hace extensiva también a los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacid­ad del 33 por ciento o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependenci­a en grado II y III. Estas circunstan­cias, que deberán evaluarse y acreditars­e mediante certificad­os expedidos por los servicios sociales, no estaban contemplad­as en la anterior regulación del bono.

Resulta esperanzad­or ver medidas como el fondo social creado por la Fundación Naturgy, que no solo pretende ayudar directamen­te a los más vulnerable­s, sino, además, persigue sensibiliz­ar al resto del país.

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