LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, ASIGNATURA PENDIENTE

El 71 por ciento de las denuncias que el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi) ha recogido en su informe anual sobre derechos humanos y discapacidad en España, correspondiente a 2017, estuvieron motivadas por carencias de accesibilidad universal. Esta es una de las principales conclusiones que el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, ha planteado durante la jornada En defensa propia: defensa legal de las personas con discapacidad, organizada por el Cermi y celebrada en la sede del Consejo General de la Abogacía. El encuentro ha contado con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a los fondos recaudados a través de la casilla de fines sociales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Jesús Martín ha recordado que el Cermi viene realizando un informe anual sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en España desde hace una década, “y lamentablemente todavía tenemos que recoger muchas más denuncias que avances y propuestas de mejora”.

En este sentido, ha incidido en que el ámbito en el que más denuncias se han recibido ha sido en el de la accesibilidad universal, “pese a que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, algo que claramente se ha incumplido y que supone un fracaso como sociedad”.

Tras la accesibilidad, los aspectos que han motivado más denuncias ha sido el del empleo y el derecho a una vida independiente.

En el capítulo de avances, el informe del Cermi destaca que en 2017 se llevó a cabo la reforma de la Ley del Jurado

Popular para que las personas con discapacidad dejen de estar excluidas de este tipo de tribunales; los primeros pasos para reformar la ley electoral y acabar con la privación del derecho de sufragio que sufren casi 100.000 personas con discapacidad, y la aprobación de la nueva ley de Contratos del Sector Público, entre otros aspectos.

Durante la inauguración, cuya apertura ha corrido a cargo del vicepresidente de la Fundación Abogacía Española, Carles McCragh, el asesor jurídico del Cermi, Óscar Moral, ha criticado que “la legislación en materia de discapacidad se incumpla y no pase nada, algo inimaginable en otros ámbitos”. Por ello, ha señalado que se reforzará el trabajo de la Red de Defensa Legal de las personas con Discapacidad del Cermi Estatal, en la que pueden participar no solo miembros de entidades asociadas al Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad, sino personas expertas del mundo del derecho que quieran realizar aportaciones.

Más del 70% de las denuncias sobre discapacidad recopiladas por el Cermi en 2017 fueron por falta de accesibilidad universal, según manifiesta el delegado para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad del Comité de Representantes de estas personas, Jesús Martín