20.000 millones de impuestos en el atasco de los tribunales

En esta campaña electoral se está hablando bastante de impuestos. Los partidos de izquierda, el PSOE y Podemos, quieren incrementar sustancialmente la recaudación subiendo impuestos. Teóricamente estas subidas de impuestos sólo las pagarían los ricos, los bancos y las grandes empresas. Sin embargo, la experiencia dice, y solo hay que acordarse de los presupuestos, que esto luego no cuadra, y que incluso antes, se quieren subir los impuestos indiscriminadamente, como por ejemplo con el dieselazo de Sánchez.

Por otra parte, el PP habla de los impuestos con la misma irresponsabilidad que Sánchez. En lo que se parecen los dos socios del bipartidismo caduco a Podemos es en su aversión a echar cuentas. Las rebajas que proponen Casado y Lacalle serían de un mínimo de 17.000 millones de euros.

En resumen, que nadie promete más que el que sabe que no va a cumplir. Sin embargo, nadie parece preocuparse ni por los derechos de los ciudadanos, ni por la mejora de la Administración y la Justicia Tributaria, es decir, por el mundo real. Y todos los días los ciudadanos se enfrentan a cartas de Hacienda que no se entienden, a tener que buscarse un asesor porque viven en zonas aisladas y ya no pueden hacer la

declaración más que por internet… Y sobre todo, cualquier ciudadano y España en su conjunto se enfrentan a una justicia tributaria que no funciona adecuadamente.

Señalaba Séneca que no existe nada más parecido a la injusticia como la justicia tardía. Hay más de 60.000 empresas y ciudadanos madrileños que tienen un expediente de algún impuesto pendiente de resolver en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid. En este Tribunal Económico Administrativo, según la memoria de los Tribunales de 2017 entraron 28.146 reclamaciones, por lo que hay un retraso medio de más de dos años (2,13 años exactamente) para resolver un expediente. Esto incumple la Ley General Tributaria que establece un plazo máximo de un año. Pero además, esto no sólo es un perjuicio para el ciudadano al que no se le revisan en plazo sus impuestos, y al que se le retrasa su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, sino también un perjuicio para la propia Hacienda.

Esto tiene dos implicaciones, por una parte, hay aproximadamente 350.000 reclamaciones pendientes de resolver en los Tribunales Económico Administrativos, antes de la vía judicial: un atasco que amenaza colapso. Y ésta es una cuestión de derechos individuales de los contribuyentes, que tienen que pagar sus impuestos, pero que también tienen derecho a no