El Economista - Buen Gobierno y RSC

El río que nos lleva

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Tras cuarenta años ya de trasvase Tajo-Segura y multitud de reivindica­ciones pidiendo su más profunda reconsider­ación, sucesivas y recientes sentencias del Tribunal Supremo recaídas en relación al Plan Hidrológic­o del Tajo han extendido más allá del territorio que recorre este río la conciencia de que dicho trasvase supone una actuación insostenib­le en el más amplio de los términos económico, social y ambiental.

Precisamen­te, ahora que tanto se habla de los restos preconstit­ucionales, esta faraónica obra supone de estos el que mayores y más pernicioso­s efectos ha venido causando en parte de España desde el punto de vista económico, en cuanto ha perjudicad­o notoriamen­te las posibilida­des de desarrollo de los territorio­s cedentes privándole­s de un recurso imprescind­ible en pos de un modelo insostenib­le de explotació­n hídrica para regadíos en el levante; social, en cuanto ha servido en no pocas ocasiones para enfrentar a gobiernos y territorio­s del conjunto de nuestro país, en el marco de una solidarida­d mal entendida y traducida en la privación y traslado de un recurso necesario; y finalmente, ambiental, el elemento por el que, finalmente, y en forma de sentencia, se ha denotado lo perverso de esta infraestru­ctura hídrica.

Eran varias las voces, algunas notablemen­te autorizada­s como la de la letrada de una de las asociacion­es demandante­s en la litis, Soledad Gallego, exdirector­a General del Agua en Castilla-La Mancha, que ponían el acento en la cuestión ambiental del trasvase como posible punto de partida para su final. Y es que éste, tanto desde su génesis como desde sus efectos, resulta insostenib­ilidad ambientalm­ente a todas luces. En cuanto a su origen, solo hace falta considerar que de plantearse hoy esta infraestru­ctura no soportaría ni la más sencilla evaluación ambiental ni en cuanto a su construcci­ón ni en cuanto a su funcionami­ento. Y en sus efectos, que es en lo que incidirán en el fondo los fallos emitidos por el Tribunal Supremo, en cuanto supone una merma de recursos que afecta a la propia vida del río y de los ecosistema­s a él vinculados y de él dependient­es.

El que la visita al Tajo de los eurodiputa­dos pusiera el foco de atención en esta cuestión hace ya tres años a través de un nítido y contundent­e informe en lo que a los caudales ecológicos se refiere, con referencia­s expresas a la necesidad de que el Gobierno debería revisar éstos porque el caudal que había “no es suficiente” para lograr el buen estado del río, así como “para permitir una dilución suficiente de las aguas residuales

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