Europa cada vez regula más y el ciudadano parece ignorarlo

Las elecciones al Europarlamento han quedado relegadas a un tercer término en cuanto a la atención prestada por los políticos durante la campaña electoral -tras los municipios y las comunidades autónomas-, y ello, a pesar de que Bruselas y Estrasburgo cada vez tienen un mayor peso específico en el panorama legislativo de los Veintiocho. Un síntoma de que al ciudadano parece no interesarle.

Sin ir más lejos, en estas últimas semanas se han celebrado un número exhaustivo de jornadas divulgativas sobre las nuevas exigencias en el campo de la concesión de créditos inmobiliarios, de una parte, y por otra, sobre las exigencias de control horario en las empresas, que además, cuentan con una jurisprudencia consolidada. Y a pesar de ello, se considera casi un destierro el envío al Parlamento Europeo por parte de los políticos.

En el presente ejemplar de la revista explicamos las nuevas exigencias legislativas para que los prestamistas y quienes actúan como intermediarios en estos negocios jurídicos tengan que informar y de qué manera a los consumidores que soliciten un crédito hipotecario. Y, además, traen nuevas exigencias de formación para el personal que

comercializa, diseña, e, incluso asesora, a las personas físicas que solicitan este tipo de préstamos bancarios.

Con esta medida se trata de paliar un gravísimo problema que quedó al descubierto a raíz de la crisis económica y tras las demandas presentadas por los consumidores en los tribunales de Justicia: una buena parte de quienes asesoraron y comercializaron estos productos no los entendían. No sabían los peligros que escondían tras sus condiciones y en numerosas ocasiones se vieron atrapados ellos y sus familias en productos que incluían cláusulas declaradas abusivas por los jueces.

Similar es el caso del nuevo registro de horario laboral diario, que es impulsado, al igual que en el caso anterior, por normativa comunitaria. Y por si esto fuera poco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido la obligación de los Estados de introducir en sus legislaciones estos sistemas de control para proteger al trabajador, considerado la parte más débil en su relación con el empresario y, por tanto, digno de mayor protección jurídica.

Cuestión aparte merece la calidad de la norma, que ha entrado en vigor el 12 de mayo y, que como comentábamos en nuestra revista anterior, es un auténtico y oscuro oráculo.