Préstamos dudosos y ejecución extrajudicial

En el contexto de la Unión Bancaria europea la Comisión propuso en marzo de 2018 un paquete de medidas para hacer frente al incremento de los préstamos dudosos o no productivos en la UE, conocidos por sus siglas inglesas (NPL). Esta iniciativa ha cristalizado, de momento, en el Reglamento 575/ 2019 que crea mecanismos de protección prudencial para las exposiciones dudosas. Junto a este instrumento, la Comisión presentó en marzo de 2018 una propuesta de directiva sobre administradores y compradores de crédito y recuperación de garantías reales.

Sobre ella, parcialmente, en marzo de 2019, se alcanzó una posición común. Resta abierta aún la negociación del título V de la propuesta dirigido a proporcionar a las instituciones de crédito un mecanismo extrajudicial eficaz de recuperación de valor de los préstamos garantizados, denominado mecanismo AECE, sobre el que ahora la Presidencia finlandesa continúa su trabajo. Esta orden de ejecución extrajudicial se asociará a un NPL -futuro- cuando así sea pactado por las partes: banco y deudor no consumidor. Ello implicará que, en caso de incumplimiento de la obligación en los hitos previstos, el

acreedor podrá ejecutar el subyacente al crédito, extrajudicialmente, con intervención, en el estadio actual de negociación, de notario u otro oficial o autoridad pública, que participarán también en la creación de la orden ejecutiva, en ambos casos si así fuera decidido por el Estado miembro, en base a su sistema jurídico.

La discusión se centra ahora en el alcance de la orden o mecanismo de ejecución y su eficacia, temas complejos en los que se debe tener como objetivo la menor intrusión posible en los sistemas patrimoniales y procesales nacionales, careciendo de claridad aun el procedimiento europeo de ejecución que entraña la AECE. Así, no es clara la necesaria notificación al deudor (o ejecutado) del inicio del procedimiento, su forma y valor; los motivos –tasados- de impugnación de la orden; o el plazo, circulo de legitimados y posibles efectos suspensivos del recurso judicial contra la misma y contra la ejecución ya practicada.

Las diferencias normativas entre los sistemas de los Estados miembros, obligarán sin duda a prever mecanismos opt-in /optout con la consecuencia de una indeseada geometría variableen temas tan importantes como si es posible la apropiación por