Protección internacional de niños y función notarial

Los días 9 a 14 de septiembre tuvo lugar en Tenerife el XX aniversario de las Jornadas notariales de la Palma, coincidentes, entre otros eventos, con la 102ª sesión plenaria de la Comisión de Asuntos americanos de la Unión Internacional del Notariado. En este contexto se analizó la protección notarial a las personas vulnerables: menores, personas con discapacidad y adultos mayores.

En todos los supuestos se puso de manifiesto que la actuación, buena praxis y lex artis notarial es una herramienta imprescindible para la protección de la persona vulnerable en su día a día, en todo acto con trascendencia jurídica en que ha de intervenir, con el régimen de asistencia que corresponda. La actuación notarial debe partir de la autonomía y apoyo a la persona vulnerable, antes de la esperada reforma del Código Civil, en adaptación del Derecho español a la Convención de Nueva York de 2006. Ello se traduce, además, en el análisis de la comparecencia notarial del menor o adulto que garantice su derecho a ser oído e intervenir en sus decisiones en base a su interés superior. El Derecho europeo carece de competencias para la protección de adultos vulnerables-mayores de 18 años-. Parlamento europeo y Consejo instaron a que los Estados miembros formaran parte del Convenio de la Haya de 2000 sobre protección de adultos. Diez Estados miembros participan. Entre ellos no está España, debido a sus dificultades de aplicación. En sede de menores, por el contrario, se ha avanzado en la unificación de criterios normativos.

Las normas, en cascada, europeas, convencionales y nacionales, conducen siempre a la conexión de la residencia habitual del menor, siendo la primera norma de conflicto que -por el carácter inmediato y tuitivo de su ratio- abandona la ley personal basada en la vecindad civil (trasunto de la nacionalidad) en el Derecho interregional. Las fuentes normativas relevantes son para la competencia jurisdiccional, el R. 2201/2003, Bruselas II bis (a partir del 1 de agosto de 2022, el R. 2019/1111); el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 y en su defecto la LOPJ (artículo 22 quáter d). Para la ley aplicable, en primer lugar, el citado Convenio, al carecer la UE de normativa al respecto y en su defecto, el