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LA PRISIÓN PERMANENTE SE APLICA EN EL 58,8% DE CASOS

- IGNACIO FAES

La pena ha sido aplicada por los tribunales españoles en diez de los 17 casos en los que había sido solicitada por alguna de las partes, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

La pena de prisión permanente revisable ha sido aplicada por los tribunales españoles en diez de los diecisiete casos en los que había sido solicitada por alguna de las partes. Es decir, en el 58,8 por ciento de las sentencias dictadas. De esas diez sentencias, según los datos recogidos por el Servicio de Estadístic­a del Consejo General del Poder Judicial hasta el 31 de julio de 2019, una se dictó en el año 2017; cuatro en 2018 y las cinco restantes en los primeros meses del año en curso. Los condenados a la pena de prisión permanente revisable en las diez sentencias analizadas son 10 hombres; de las 16 víctimas asesinadas en total, 10 eran mujeres (62,5 por ciento), cinco de ellas niñas; y 6 eran varones, entre ellos dos niños. El número de menores asesinados (7) representa el 43,8 por ciento del total.

En todos los casos, el tribunal apreció la existencia de alevosía en la comisión del delito y aplicó la agravante de parentesco entre la víctima y el condenado. En dos casos hubo agravante de género y en cinco, la condena incluyó al menos otro delito (en cuatro de esos cinco casos el otro delito era agresión o abuso sexual). El tiempo medio de respuesta de los tribunales (los días transcurri­dos desde que ocurrieron los hechos hasta que se dictó la resolución por el tribunal del jurado) fue de 745 días en la sentencia de 2017; de 780 días en las de 2018 y de 844, en las de 2019. En esos procedimie­ntos intervinie­ron órganos judiciales situados en las provincias de A Coruña, Almería, Barcelona, Guadalajar­a, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vitoria.

Además de esas 10 resolucion­es, se dictaron otras siete sentencias en las que la pena de prisión permanente revisable fue solicitada por alguna de las partes pero el tribunal no la impuso: una en 2016 (la petición fue de la acusación particular); dos en 2017 (en ambos casos fue la acusación popular la que formuló la solicitud de pena máxima); tres en 2018 (las peticiones las realizaron bien las acusacione­s particular y popular bien la Fiscalía); y una última sentencia en 2019 (con petición de la acusación particular).

En estos siete casos resultaron condenados 10 hombres. Las víctimas fueron 6, cuatro hombres y dos mujeres. En el periodo temporal que abarca el informe se han detectado tres sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores de justicia.

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