El Economista - Buen Gobierno y RSC
La tecnología se convierte en la gran aliada del sector legal en España
La importancia creciente de la tecnología jurídica es identificada por el 76% de los encuestados como la tendencia principal, ya sean de bufetes o departamentos jurídicos. Por su parte, el informe señala que la pandemia no ha hecho más que agudizar esa percepción, forzando a las firmas a digitalizarse.
El sector legal, y en concreto los bufetes, pueden beneficiarse mucho de la inteligencia artificial, ya que cuentan con multitud de tareas que se ejecutan casi a diario y de forma manual, quitando tiempo a los abogados, según concluye la Fundación Wolters Kluver en su informe Innovación y Tendencias en el Sector Legal, que recoge la visión de más de 30 expertos en abogacía, administración de Justicia, gestión y empresa.
Según The Law Society (Colegio de Abogados británico) sobre el uso de la tecnología en el sector ( legaltech), el 15% de los grandes bufetes británicos ya ha reemplazado personal cualificado por sistemas automatizados durante los tres últimos años. Los robots, entendidos como la automatización de procesos internos requerirán, de una participación de la abogacía en distintas etapas de su uso, desde la definición hasta la resolución de conflictos.
La aplicación de la tecnología a la abogacía se produce a un ritmo vertiginoso y abre nuevos horizontes de negocio, también de retos, que permiten descubrir oportunidades hasta ahora desconocidas. Los smart contracts suponen un cambio radical en la forma en la que se definen y gestionan acuerdos entre partes, y por ello los despachos de abogados tendrán un papel relevante en su uso y en los conflictos surgidos. Estos smart contracts son una versión digital de un contrato tradicional con un método de verificación externo, ajeno a las partes implicadas en el contrato. En la fase de resolución de conflictos relativos a la ejecución de los smart contracts, la abogacía podrá mediar o defender en litigios a una de las partes en caso de producirse alguna infracción o daño por su ejecución. Ya existen algunos organismos públicos de determinados países que han implementado la tecnología de registros y certificaciones en sus registros públicos como, por ejemplo, en el registro de viviendas.
Estos registros en sí mismos deberían garantizar la legitimidad y veracidad de la información contenida, si bien debe existir algún mecanismo de supervisión que asegure que la red no quede bajo el control de unos pocos y puedan realizar los llamados ataques del 51% donde una oligarquía tome el control de la red y pueda realizar modificaciones. Para ello, la abogacía podría desempeñar una labor fundamental actuando a modo de supervisor de estos registros, especialmente en los primeros compases de la puesta en marcha de estos sistemas. La creación de identidades digitales es una realidad cada vez más cercana en las sociedades occidentales, aplicando la tecnología a la identificación de ciudadanos y buscando generar un sistema global y único que sustituya a los diversos documentos de identidad existentes (DNI, Pasaporte, etc.).
La realidad virtual y la realidad aumentada, suponen un cambio en el paradigma de cómo nos relacionamos e interactuamos con la realidad.La abogacía jugará un papel primordial en cuanto a la definición del marco de actuación sobre todo en materia de protección y privacidad de datos. El futuro pasa por la realización de juicios de manera telemática o virtual, empleando telepresencia para celebrar vistas con garantías y donde las partes se vean bien representadas. Finalmente, se plantea el uso de la tecnología blockchain en gestión interna de despachos y tribunales, procesos de arbitraje y resolución de conflictos o en la actuación de la Administración y en estructuras de gestión público-privada.
‘Smarts contracts’, realidad virtual o ‘blockchain’ son parte del futuro próximo de la abogacia