El olvido que seremos

Ahora que se echa encima la noche y también los últimos momentos que me restan para escribir estas líneas, pienso apresuradamente en tema de este artículo. Y lo hago de regreso de un intenso día de trabajo en Guadalajara y Sigüenza donde sus dos alcaldes, buenos amigos además, me han mostrado dos de sus más ilusionantes proyectos. Me queda del día, además de la fatiga que dan las horas, el haberles escuchado su explicación de estos proyectos a los que uno le corresponde embadurnarlos con cuestiones técnicas, urbanísticas, presupuestarias, licitatorias y demás que sólo logran envilecerlos.

Para consolar someramente “mi mala conciencia” por mi estulta labor me resta el haber sabido escuchar y no sé si orientar los objetivos que estos dos regidores me han transmitido. Escuchar, pensar y actuar en un recorrido que se me presenta como un itinerario imprescindible a todo servidor público si quiere actuar, como reza el título de esta revista, en “buen gobierno”. Escuchar, pensar y actuar parece un camino natural e inequívoco pero que quizás pocas veces recorremos o cuando lo hacemos es sin el debido detenimiento que, en estos momentos en que suena la aria de Alcina de Händel, marcan los movimientos de toda buena opera.

Por ello, y aunque muchos me han sugerido que narre las principales novedades de la Ley de simplificación urbanística y medidas administrativas que el pasado día 11 aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha, prefiero relegar tal labor ante la no menos relevante de, sin entrar en consideraciones nomológicas, referirme a ciertos aspectos de su redacción.

Quien en estas lides se enfrenta al papel lo hace con unos objetivos iniciales que, posiblemente, se vean desbordados de manera pronta. Se trataba aquí de innovar la normativa urbanística de mi región en aquellas cuestiones que, en el inicio de la pandemia, tanto frente a ésta como con carácter general, pudieran coadyuvar a la más pronta recuperación de las dificultades económicas que, se aparecía claro, ésta iba a provocar. Ello sin perjuicio de abordar, al paso, otras cuestiones pendientes (que siempre existen) para mejorar procedimientos, agilizar trámites, actualizar contenidos, recoger iniciativas e implantar novedades en el

siempre complejo escenario urbanístico. De este modo el texto inicial de la norma se fue formando en la soledad del confinamiento que los primeros meses de la pandemia nos iban dejando, aun con la esperanza de que fuese un periodo lo más efímero posible.

Finalmente, el tiempo ha demostrado que no fue tan breve el momento y ello aportó la posibilidad de dedicar un mayor tiempo de recogimiento a la labor de dictado de la norma. Todo escriba lo hubiera agradecido y sin embargo la labor de elaboración de una ley no es la de un copista de monasterio que tenga un modelo del cual no apartarse: el camino no es único, ni, lo más importante, sabe uno recorrerlo solo.

So pena de fracasar, correspondía parar y escuchar. ¿Quién tiene la osadía, la soberbia y la insensatez suficiente para, por sí mismo, pretender comprender algo tan complejo y diverso como es la redacción de una norma que tiene por referencia espacial a un territorio de más de 80.000 km2; que ha de regular la ordenación de las ciudades y el resto del territorio de toda una región; que ha de afrontar problemas con componendas técnicas, económicas, sociales, políticas, geográficas, etc.? El reto así planteado estaba abocado al fracaso. Tocaba escuchar,

primero; pensar, segundo; y actuar, después.

Y ahí es donde se descubre la alta calidad del tejido social de una región como Castilla-La Mancha. Se escuchó, en primer lugar, a los responsables municipales, y de ahí salieron nuevas necesidades reales de los pequeños municipios de una Comunidad rural, con regulaciones como las relativas al intercambio de plusvalías entre el medio urbano y rural como instrumento de la lucha contra la despoblación de éste (algo novedoso en nuestro país y en lo que he de agradecer las aportaciones que el profesor Chinchilla Peinado me hizo en la Universidad Autónoma de Madrid); la adecuación de la reserva de vivienda protegida a las demandas de cada territorio; la regulación de polígonos ganaderos; o la mayor efectividad de los patrimonios públicos de suelo municipales.

La labor de elaboración de una ley no es la de un copista de monasterio que tenga un modelo del cual no apartarse

Los colegios profesionales se volcaron también, arquitectos, ingenieros de caminos, ITOP, arquitectos técnicos…, todos, con sus decanos regionales al frente. Profesionales como Pepe Morcillo y Raimundo Ayuso, arquitectos, curtidos en mil batallas urbanísticas, al igual que ingenieros jóvenes y valientes como los hermanos Fernández-Pacheco, nutrieron el texto de soluciones y propuestas.

Los empresarios de la región, de la mano de Manuel Carmona y Francisco Castilla, nos dieron la visión empresarial en el momento más duro de la pandemia. Profesionales del Derecho a los cuales admiro, como el presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez Garrido, y del Jurado Regional de Valoraciones, Francisco Puertas, asesoraron el texto con su sapiencia; y a ello se sumaron otros profesionales como el abogado Luis Rodrigo, funcionarios como Tomás Saura y Elvira Cabanas, o registradores de la propiedad como Luis Benavides; o los notarios Luis Fernández Bravo y mi querido Francisco J. García Mas.

Además de ellos, con los que compartimos horas de teléfono y ordenador, otros grandes profesionales como Antonio López Abarca, exsecretario general del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, o Pedro Mariñelarena de la Plataforma Passivhaus, pusieron también su aportación al texto; sin olvidar a quien regaló gran parte de su enorme alma a la exposición de motivos de la Ley, la exdirectora general de Vivienda del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu. A estas horas nocturnas, me perdonaran ustedes, me ha sido grato acordarme antes del quién que del qué, porque es cierto que, parafraseando la hermosa obra de Héctor Abad Faciolince, hay que resistirse al olvido que seremos.