Legislación en derechos humanos para las empresas, un hito cada vez más cercano

Este año 2021 sería un buen año para que se aprobasen las primeras normativas internacionales vinculantes para empresas sobre el respeto a los derechos humanos. En primer lugar, porque es una demanda generalizada, tanto por la sociedad civil como por las empresas que ya están trabajando en este ámbito, desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, porque se acaba de dar desde Europa otro paso fundamental para que seamos optimistas al respecto. Y en tercer lugar, porque este año se conmemora el décimo aniversario de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, un marco de la ONU que introdujo en el ámbito empresarial conceptos tan relevantes como el de debida diligencia y los mecanismos de reparación.

Los derechos humanos abarcan conceptos muy amplios pero fundamentales en la relación con las empresas y las personas, tales como la seguridad, la privacidad, la libertad, la no discriminación, la salud, el trabajo decente o un medioambiente sano. Por eso debemos aprovechar las oportunidades para avanzar en un aspecto tan capital como éste.

Desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, la iniciativa más importante en sostenibilidad a nivel mundial, apoyamos firmemente la obligatoriedad de realizar procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos.

La vinculación entre el respeto de los derechos humanos y la actividad empresarial ha sido un eje estratégico en el Pacto Mundial de Naciones Unidas desde sus inicios.

Dos de los diez Principios del Pacto Mundial aluden a esta vinculación incentivando a las empresas no solo a respetar y a apoyar la protección de estos derechos (Principio 1) sino también a asegurar no ser cómplices de posibles vulneraciones a través de la cadena de valor (Principio 2).

Pese al trabajo que se ha llevado a cabo durante todos estos años y pese a que un 92% de las metas de la Agenda 2030, que ya se ha convertido en el marco de la sostenibilidad empresarial, están directamente relacionadas con derechos fun

damentales, el trabajo de las empresas en derechos humanos continúa siendo minoritario.

Desde Pacto Mundial de Naciones Unidas España en colaboración con la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 lanzamos una consulta contestada por más de 1900 empresas españolas, cuyos resultados indican que solo un 8% de estas afirma evaluar sus impactos en derechos humanos dentro de su actividad empresarial, un porcentaje muy reducido que, según nuestro informe Comunicando el progreso 2020: una llamada a la acción sostenible y al reporte empresarial, aumenta únicamente hasta el 10% entre las empresas adheridas a Pacto Mundial en España.

Los datos a nivel internacional se mantienen en esta línea y evidencian la necesidad de aumentar los esfuerzos para que las empresas trabajen de forma activa en la mitigación y gestión de impactos en este ámbito.

El reto es considerable, pero lo cierto es que en los últimos años han surgido numerosas iniciativas que pueden suponer un cambio de tendencia. Desde Naciones Unidas se está trabajando desde hace años en un tratado vinculante relativo a empresas y derechos humanos, la Unión Europea está en pleno proceso de creación de una legislación sobre debida diligencia, y algunos países de nuestro entorno, como Francia, Alemania y Países Bajos, han desarrollado legislaciones específicas con respecto a esta materia.

La última novedad en este sentido ha sido la aprobación por parte del Parlamento Europeo de un informe de iniciativa legislativa con 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones, en el que la Cámara reclama la adopción urgente de normas vinculantes en la UE para asegurar que las compañías son responsables y objeto de sanción cuando provoquen un daño -o contribuyan a provocarlo- a los derechos humanos, el medioambiente o la gobernanza. Su intención es presentar una propuesta en este ámbito este año.

Lo cierto es que en los últimos años han surgido numerosas iniciativas que pueden suponer un cambio de tendencia

Entre otras novedades, esta resolución propone que la legislación sea de aplicación para todas aquellas empresas que operen en la Unión Europea, aunque no tengan sede en territorio europeo; se aplicaría a todas las grandes empresas y pymes que coticen en bolsa o con un riesgo alto, e incluiría un enfoque hacia toda la cadena de valor, incluyendo proveedores, subcontratistas y empresas participadas.

Estos aspectos están en línea con las acciones llevadas a cabo por Pacto Mundial de Naciones Unidas España, trasladando el respeto a los derechos humanos a las pymes y no solo a grandes empresas, e incluyendo un enfoque de derechos humanos amplio en la cadena de valor, como insistimos en nuestro white paper: Gestión responsable de la cadena de suministro. En este contexto, desde Pacto Mundial de Naciones Unidas España siempre hemos considerado el ámbito de las empresas y derechos humanos un área prioritaria en la que trabajar: fomentando la sensibilización al tejido empresarial a través de formaciones, publicaciones y eventos; divulgando los Principios Rectores como principal marco para actuar en este ámbito y convenciendo a nuestras empresas de que los derechos humanos afectan a todas las organizaciones independientemente de su tamaño, sector o actividad.

Continuaremos trabajando en esta línea, aprovechando el empuje de los derechos humanos en un año tan importante como el actual, con el fin de que diez años desde el lanzamiento de los Principios Rectores el trabajo en derechos humanos por parte de las empresas deje de ser minoritario, pues hoy más que nunca, es imprescindible reivindicar el importante papel que estos tienen para construir el mundo que queremos.