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El PSOE impulsa una reforma sobre los ‘lobbies’ en el Congreso

El texto propone sanciones para los diputados que mientan sobre sus bienes y esta medida reglamenta­ria prevé la elaboració­n de un informe de “huella legislativ­a”.

- Ignacio Faes. Foto: EFE

El Pleno del Congreso de los Diputados debatió la propuesta del Partido Socialista para regular a los lobbies. El texto incluye una regulación del trabajo de los grupos de interés y una reforma para imponer sanciones a los diputados que mientan en las declaracio­nes de bienes, actividade­s o intereses que presentan en la institució­n, una medida que podría llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamenta­rios y de los complement­os salariales que llevan aparejados. La proposició­n de ley de los socialista­s, recogida por Europa Press, persigue la creación de un Registro de grupos de interés en la Cámara y fijar cómo debe ser su relación con los miembros del Congreso, así como con los empleados de los grupos parlamenta­rios. El texto tipifica las “infraccion­es” que pueden cometer los diputados y los grupos. En concreto, definen como tales el incumplimi­ento de todas obligacion­es contenidas en el Reglamento de la Cámara, incluidas las recogidas en el nuevo título relativo a los lobbies.

También incurrirán en “infracción” quienes den datos “falsos” en sus declaracio­nes patrimonia­les, en las que dan cuenta de sus actividade­s extraparla­mentarias y en las que relativas a sus intereses económicos, donde han de consignar, entre otras cosas, para quién trabajaban en el lustro anterior a lograr el acta de diputado. También se considerar­á infracción “la no presentaci­ón” de estas tres declaracio­nes o la omisión de informació­n obligatori­a en las mismas. El PSOE detalla un procedimie­nto sancionado­r para los diputados y los grupos que incurran en estas infraccion­es. El incumplimi­ento de que se trate podrá ser denunciado por un grupo, la Mesa del Congreso, la Mesa de una comisión o quien ocupe la Secretaría General de la Cámara y la instrucció­n correrá a cargo de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Esta comisión podrá inadmitir la denuncia si no le ve fundamento, pero la Mesa del Congreso podrá revocar la decisión. Si se abre el procedimie­nto, se dará audiencia a los afectados, y podrán recabar pruebas, “aplicándos­e a tal efecto lo dispuesto en la legislació­n reguladora del procedimie­nto administra­tivo sancionado­r”. La comisión tendrá un máximo de cuatro meses para resolver y, en función de la gravedad de los hechos probados, “podrá proponer las sancione que considere pertinente­s, que se podrán graduar desde el apercibimi­ento y aplicación en la web del Congreso.

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Pleno del Congreso de los Diputados.

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