Ley de Presupuestos, reforma fiscal, recursos y leyes de ‘contra medidas’

Aprobado por el Congreso el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y aun cuando al día de la fecha sigue su tramitación en el Senado, todo apunta que la compleja y heterogénea mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, una vez conseguidos sus objetivos -más políticos que económicos- permitirá su aprobación definitiva antes de Navidad y su entrada en vigor el primero de enero.

Tras la práctica desaparición de nuestro ordenamiento jurídico de las que se conocieron durante años como “leyes de acompañamiento”, de contenido multisectorial y, en no pocos casos, de dudosa constitucionalidad, en esta compleja época en la que estamos, para entender qué hay verdaderamente detrás de unos presupuestos generales hay que ver y analizar que “se está cociendo” en paralelo y que batería de reformas normativas se pondrán encima de la mesa con posterioridad para “acompañar” la política presupuestaria y económica del Gobierno.

Pues bien, el proyecto de Ley en tramitación incorpora importantes novedades que principalmente afectarán a nuestra sufrida clase media y a los profesionales autónomos y empresarios en materia de Renta, Sociedades, IVA, cotizaciones sociales, etc., pero todo hace pensar que las verdaderas medidas de política fiscal y económica, con un mayor calado, se pondrán sobre la mesa en el primer trimestre del próximo año, y se intentarán aprobar de manera acelerada para “procurar” un incremento de los ingresos públicos más efectivo y potente del previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos, fundamentado, además, en un cuadro de previsiones macroeconómicas desautorizadas ya por todos los organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internaciones, y respecto del que se puede afirmar -como en el cine- que “cualquier parecido con la realidad que está por venir será mera coincidencia” .

Y es que la ansiada “recuperación post Covid” no está siendo de la intensidad deseada y tampoco se está produciendo a la velocidad que el Gobierno anunció. Es decir, dicho de otra manera, nos queda aún mucho que sufrir para re

cuperar un escenario de una economía realmente saneada, en crecimiento estable, competitiva, con cifras de endeudamiento y déficit soportables, fiable para los inversores, y también sostenible.

La fiabilidad y credibilidad de las medidas y de las políticas del Gobierno son un elemento capital en todo este escenario, dado que inversores, empresarios, autónomos y en general ciudadanos y consumidores, no pueden tomar decisiones de trascendencia económica que puedan poner en peligro en el corto o medio plazo los delicados escenarios que ya manejan.

Nos referimos a la batería de reformas económicas previsibles e incluso anunciadas que se manejan e intuyen, y que pueden afectar seriamente, entre otras cosas, a la fiscalidad empresarial, a la fiscalidad del patrimonio, de las herencias, al propio IVA y a determinados tramos del IRPF.

Que algunas administraciones autonómicas intenten “blindar” sus normas tributarias o anuncien posibles recursos ante hipotéticas medidas estatales contrarias a sus políticas fiscales y económicas, es un acto plausible, pero que, desde nuestro punto de vista, puede ser jurídicamente poco eficaz -las potestades y competencias estatales en temas tributarios son las que son y las autonómicas poco margen tienen si el marco nacional legal cambia- y también abundar, aún más, en los recelos, incertidumbres y miedos de agentes económicos e inversores ante estos hipotéticos recursos -de larga duración e incierto resultado- y las previsibles leyes autonómicas de “contramedidas” abocadas a conflictos jurídicos y enfrentamientos políticos.

Cualquier reforma fiscal que se pueda poner sobre la mesa debe de ser muy prudente y ‘conservadora’ para facilitar la inversión

Sería algo más que “una lástima” que los fondos de la Unión Europea que están por llegar acaben siendo poco útiles en las políticas de reactivación y recuperación económica necesarias, que deben de ir acompañadas de la credibilidad del Gobierno y de la predicibilidad de las medidas que este adopte para acompañar la reactivación y procurar la solidez de la misma.

Desde nuestro punto de vista cualquier reforma fiscal que se pueda poner sobre la mesa debe de ser muy prudente y “conservadora” para facilitar que el inversor invierta con certezas y seguridad jurídica y económica, que el empresario y el autónomo se recupere y consolide de esta durísima etapa y que se dinamice el consumo.

Es momento de prudentes presupuestos expansivos en materia de gasto para incentivar y apoyar la recuperación económica, pero no creemos que sea momento de “globos sonda” ni de anuncio de medidas fiscales contraindicadas que tan solo, o fundamentalmente, persigan fines recaudatorios, cuando los recursos económicos deben de estar en manos de quienes pueden invertirlos en generar riqueza y empleo.

En esta situación, quizás, lo mejor que puede hacer un Gobierno, tan heterogéneo como el actual, en materia de política tributaria es no anunciar nada y no hacer nada hasta que la recuperación económica sea una realidad tangible y evaluable, y la velocidad de crecimiento de la economía permita entonces hacer ajustes, imprescindibles, en materia de déficit y gasto público.

Para bien o para mal, en breve veremos en que queda todo esto, y de momento, nuestra recomendación es estar muy atentos, o bien para aprovechar escenarios positivos que puedan producirse en el corto y medio plazo o bien para adoptar medidas de “legítima defensa” para preservar lo más posible nuestro tejido económico y empresarial hasta que lleguen momentos de certidumbres y, en general, “tiempos mejores”.