De derogación a ‘reforma de la reforma’ laboral

Sin duda, una de las “medidas estrella” de la coalición de partidos que sustenta al Gobierno de España fue el compromiso (incluso firmado con Bildu) de derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno anterior del Partido Popular. Lo que una ministra del entonces presidente Zapatero definió como “conjunción planetaria” es lo que casi se ha tenido que dar para que de una derogación se pase a una reforma moderada, aun cuando se quiera explicar y vender la misma como una derogación de facto de lo hasta hoy vigente. Y es que las presiones de la Comisión Europea para una reforma moderada, en línea con las políticas desarrolladas en este ámbito en otros países de la UE , la necesidad (también obligada por la UE) de un consenso con patronal y sindicatos para sacarla adelante y la contundencia de las cifras que arroja la reforma vigente hasta el 30 de diciembre, entre otras cosas, han sido determinantes para tener hoy una nueva normativa, que si bien, a mi juicio, no es ni mucho menos idónea o indicada para la situación económica en la que nos encontramos, no es menos cierto que quizás sea la menos mala de las “esperables” de un Gobierno de coalición en el que se antepone habitualmente el dogmatismo progre al objetivo de la generación de riqueza y empleo para acelerar y consolidar la recuperación económica.

La verdad es que, a mi modesto entender, no es fácil de explicar el por qué en este momento es bueno acometer una reforma que según se dice en su propia exposición de motivos “camina en dirección contraria a la que ha sido habitual en los últimos tiempos” y no se aborda una mejora y profundización de la existente, en el caso de que “necesariamente” hubiera que hacer algo en este momento, que está por ver. Lo sorprendente es que lo que se modifica es una normativa que, en palabras del propio Gobierno, ha permitido que el 2021 haya sido un “año de cifras históricas”, con una bajada del paro en 782.232 personas (el mayor recorte de la historia y la cifra más baja de paro en 14 años) y 776.478 afiliados más a la Seguridad Social.

Para los que pensamos que, en el contexto actual, el objetivo prioritario es generar empleo y que esto sólo lo pueden hacer los empresarios, parece cuando menos arriesgado acometer una reforma de esta envergadura para eliminar o reducir elementos de flexibilidad del mercado laboral que se han acreditado como eficaces para permitir conseguir las “cifras históricas” del pasado ejercicio. La prudencia de un

buen gobernante y el interés general aconsejaría, a mi juicio, haber pospuesto esta posible reforma a un momento de crecimiento económico estable y de certificación real de haber alcanzado una recuperación económica plena.

Nadie con dos dedos de frente puede estar en contra de mejorar las condiciones de trabajo ni de profundizar en un marco de relaciones laborales “mas justo y eficaz” como señala la exposición de motivos del Decreto-ley 32/2021 de 28 de diciembre, y nadie puede ni debe admitir modelos que persigan la precariedad en el empleo. Pero las reformas ambiciosas hay que hacerlas cuando se puede, no cuando se quiere o cuando políticamente conviene a un partido o a un Gobierno. Que a este Real Decreto Ley se le denomine en la exposición de motivos como “la primera reforma laboral de gran calado de la Democracia” parece evidenciar, por un lado, un desconocimiento de cómo han ido evolucionando las relaciones laborales en España desde 1975 hasta hoy, y por otro lado denota el tono excesivamente pretencioso y triunfalista de quienes han promovido la misma, sin duda para justificar ante “terceros” el no haber cumplido (afortunadamente para el interés general) su compromiso político de derogación total de la anterior. Al margen de la poca confianza que la “reforma” me da para conseguir el objetivo de dinamizar el mercado laboral y de fomentar y facilitar la creación de empleo, lo cierto es que los empresarios, comerciantes y autónomos tienen por delante hasta el 30 de marzo para adaptarse a la misma y adecuar su estrategia en materia de recursos humanos a las exigencias y realidades de la nueva normativa. Por resumir los principales ejes de la misma, señalaremos los siguientes:

- Desaparición de los contratos temporales (obra, interinidad y eventuales) y aparición de dos nuevas modalidades: Contratos por circunstancias de la producción y contratos por sustitución.

Esperemos que la vigencia y aplicación de la norma, si no se toca por motivos electorales, no genere nuevas incertidumbres

- Las personas contratadas por duración determinada, incumpliendo la nueva normativa adquirirán la condición de fijos y los contratos temporales celebrados antes del 31 de diciembre del 2021 se regirán por la antigua normativa hasta su duración máxima.

- Se crea el contrato de trabajo fijo-discontinuo para los de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada o que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos.

- Se ponen en marcha dos figuras nuevas de contratos formativos: contrato de formación en alternancia (compatibiliza actividad laboral retribuida con procesos formativos) y contrato formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudios.

- Se introducen novedades en materia de negociación colectiva: se elimina la aplicación prioritaria del convenio de empresa o grupo empresarial en materia de salarios y se recupera la “ultraactividad indefinida” de los convenios colectivos.

- Se incorporan nuevas previsiones en los Ertes, con mayor concreción en los ErteEtop y también se regulan de manera mas pormenorizada los Ertes por fuerza mayor y se prorroga hasta el 28 de febrero del 2022 la tramitación y efectos de los Erte Covid-19 del RDL 18/2021. Y, finalmente, se crea el denominado “Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo”, para eventuales futuras crisis cíclicas o sectoriales que solo podrá ser activado por el Gobierno en supuestos tasados.· Se amplia el catalogo de infracciones y sanciones en el ámbito laboral.

Las novedades no son pocas y ahora toca ponerlas en marcha y adaptarse a las mismas. Esperemos que la vigencia y aplicación de esta norma, si finalmente se ratifica en el Parlamento y no se toca o “retoca” para atraer votos de los mas extremistas y dogmáticos, no genere nuevas incertidumbres, inseguridades jurídicas y problemas de gestión en el seno de las empresas, dificultando el objetivo de generación de empleo y crecimiento económico.