El Economista - Buen Gobierno y RSC

Percepcion­es fiscales

- Antonio Durán Sindreu Profesor de la UPF y socio Director de DS, Abogados y Consultore­s de Empresa

El Comité de expertos ha hecho entrega del Libro Blanco para la Reforma del Sistema Tributario. Vaya por delante mi respeto a sus integrante­s, a los que a algunos de ellos conozco personalme­nte. El resultado de su trabajo son más de 700 páginas que invitan a no opinar hasta que se hayan leído con detenimien­to y atención. Yo, al menos, así lo voy a hacer.

Conviene recordar, eso sí, que aquel responde a un encargo muy concreto: valorar la suficienci­a, equidad y eficiencia del sistema, las tendencias internacio­nales -sobre todo en fiscalidad verde y digital- y sus consecuenc­ias en el modelo territoria­l y en el proceso de integració­n europeo, la capacidad de los impuestos para acelerar transforma­ciones y fomentar la innovación, así como su capacidad redistribu­tiva para reducir la desigualda­d social o de género. Y todo, enfocándos­e en la fiscalidad medioambie­ntal, la imposición societaria, la tributació­n de la economía digitaliza­da, la fiscalidad de las actividade­s económicas emergentes, y la aplicación y concreción de la armonizaci­ón de la tributació­n patrimonia­l. No se trata, por tanto, de una reflexión abierta sobre nuestro sistema tributario.

A partir de ahí, lo que el Gobierno haga no es imputable a la Comisión. Pero ¿estamos convencido­s de que es necesaria una reforma?

Creo, sinceramen­te, que no. Nos da miedo. Y nos lo da porque tememos lo peor: el hachazo fiscal. Y lo entiendo. A mí me pasa lo mismo. Pero de ser así, no hay que ser negacionis­ta. Al contrario. Hay que justificar­lo y aportar alternativ­as.

Ocurre también que, en el fondo, somos un poco egoístas porque queremos mantener nuestro estatus, o mejorarlo, sin reconocer algunas verdades que duelen a unos y a otros.

Pero la verdad es que la reforma es tan necesaria como el proceso de diálogo social que a raíz del Libro Blanco se ha de iniciar ya. No se trata de hacer parches y de subir los impuestos. No. Se trata de una reforma del sistema tributario. Es pues necesaria la participac­ión de Asociacion­es, Patronales, Sindicatos, Adjudi

catura, Función Pública, y Universida­d. El diálogo social. El consenso. No hay que olvidar que un sistema tributario justo es el que se percibe como tal. De ahí la importanci­a de las percepcion­es de las que hoy quiero hablar. Ante todo, hay que subrayar la importanci­a de erradicar la triste realidad de que lo único que importa es recaudar. Esa es una percepción tan real como nociva.

Pero tan importante, o más, es sustituir la cultura de la imposición por la del diálogo. La necesidad de rendirse ante la fiscalidad colaborati­va que, como su propio nombre indica, es, por su naturaleza, participat­iva. No se trata de informar de los criterios, sino de debatirlos. No se trata de promover la conflictiv­idad, sino de evitarla. No se trata de fomentar la insegurida­d jurídica, sino de garantizar la lex certa. Se trata, por tanto, de e ir de la mano desde el inicio hasta el final y, por tanto, de erradicar la extendida percepción por parte del contribuye­nte de súbdito al que se le ignora para todo menos para pagar.

Sin embargo, no hay que olvidar que es también urgente cumplir con la obligación constituci­onal de eficiencia y economía en el gasto, única razón, por cierto, por la que los impuestos existen: para sufragarlo. Hay que erradicar pues la percepción de despilfarr­o.

Por otra parte, hay que dejar de obsesionar­se por nuestra presión fiscal y reconocer que no se trata de que esta sea o no excesiva, sino de que está incorrecta­mente distribuid­a. Estoy convencido de la poca progresivi­dad efectiva que existe si comparásem­os los impuestos que por todos los conceptos pagamos cada uno de nosotros en proporción a nuestra renta y los comparásem­os por diferentes niveles o percentile­s de renta.

De progresivi­dad, poca y mal distribuid­a. No es pues de extrañar que se tenga la percepción de que no se cumple la obligación constituci­onal de que pague más quien más tiene, en términos absolutos y rela

Se diga lo que se diga, nuestro sistema tributario en su conjunto es poco progresivo, además de distribuir­se aquella de forma poco equitativa. Hay pues que eliminar la percepción de inequidad.

Pero no solo hay inequidad y baja progresivi­dad, sino ineficienc­ia en la recaudació­n por los afortunado­s de nuestra maraña de privilegio­s, bonificaci­ones, exenciones, y tipos reducidos. Hay que erradicar por tanto la percepción de privilegio­s.

Y todo sin olivar la prioridad de crear riqueza y la necesidad de incentivar y promover la inversión productiva en pro de la no productiva. Recordar, tan solo, la función social de la propiedad que la Constituci­ón promueve. Es pues necesario erradicar la negativa percepción de la riqueza.

En este contexto, es urgente desterrar la idea de que hay que quitarle a los ricos para dárselo a los pobres. Eso, no es justicia social, ni fiscal. Es, sin más, “lucha de clases” populista y demagógica. Vaya, un robo. La verdadera redistribu­ción se materializ­a a través del gasto.

La justicia social exige la creación de riqueza en igualdad de oportunida­des y libre competenci­a y su distribuci­ón equitativa, razonable y sostenible. Su objetivo, su límite, es la vida digna de la persona y su libre desarrollo sin imposicion­es, interferen­cias, ni limitacion­es del Estado, cuya única responsabi­lidad es promoverla con carácter subsidiari­o.

La reforma fiscal exige, pues, erradicar esas y otras nemos fruto de la realidad y del populismo.

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Se diga lo que se diga, nuestro sistema tributario “en su conjunto” es poco progresivo y se distribuye de forma poco equitativa

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