La reforma fiscal: dos propuestas y un comentario

El pasado mes de febrero, el Instituto de Estudios Económicos presentó una reflexión de 60 expertos a modo de libro blanco para el diseño de una reforma fiscal en España, el tres de marzo el “grupo de expertos” (dieciocho en su origen) designado por la ministra de Hacienda presento otro informe, con la misma finalidad de plantear propuestas para acometer una reforma de nuestro sistema impositivo que “acerque la tributación española a la media de la Unión Europea”. Es sorprendente que, persiguiendo, en apariencia, objetivos comunes, los dos grupos de expertos hagan planteamientos tan distantes desde el punto de vista fiscal y con tantas implicaciones o consecuencias (en caso de aplicación) en una economía débil, en proceso de recuperación ralentizado, ahora mas que nunca, por un entorno mundial condicionado por la atroz guerra de Ucrania y por las legítimas sanciones económicas impuestas por occidente a Rusia.

Aunque la Ministra Montero fue ágil en decir que “esta semana no es el momento” para reformas impositivas que pudieran sustentarse en la línea trazada por este segundo grupo de expertos, no es menos cierto que la escasa credibilidad y fiabilidad del gobierno, presionado por sus socios, que también presentaron el siete de febrero su propia propuesta de reforma impositiva (ajena a la del Gobierno del que forman parte) , hace temer que en el mejor de los casos estamos ante un certus an, incertus quando y que el “cuando” podría no ser muy lejano , quizás poco a poco o por “goteo”, y salvo que pese más un escenario preelectoral que la imperiosa necesidad recaudatoria que tiene la Hacienda Pública del Estado ante la incapacidad que demuestra de hacer ajustes razonables en el disparatado gasto público. Sin duda, los “modelos” que cada informe plantea (antagónicos) serian interesante objeto de debate en el marco de una campaña electoral.

El informe de los expertos de la Sra. Montero es sin duda un buen informe construido de atrás hacia adelante, o lo que es lo mismo, desde la conclusión y deseo del ejecutivo de procurar una subida impositiva global, disfrazada de reordenación técnica y modernización del sistema fiscal español. Se responde por los expertos a que debemos hacer para subir los impuestos y no a que debemos hacer para tener un sistema fiscal moderno, equilibrado, proporcional y homologable con los países de nuestro entorno y con la UE capaz de generar en este delicado momen

to crecimiento económico sostenible, riqueza y empleo. Que esto es así lo evidencia un alarde de sorprendente sinceridad de la ministra cuando desde el minuto cero reconoce que “no es el momento” para aplicar lo que el informe propone.

Es decir, el informe propone multitud de medidas fiscales contraindicadas para una situación económica como la que estamos y siendo esto así cabe preguntarse cual habría sido la razón última del encargo del Gobierno a los expertos, no encontrando otra respuesta que no tenga que ver con satisfacer con ello el dogmatismo social-comunista de las políticas económicas que desde una parte del gobierno se quieren imponer bajo el titulo de “progresistas”.

En honor a la verdad, los propios autores del informe, conscientes de esto, y a la hora de hablar del “calendario de reformas” afirman que consideran “necesario afianzar la recuperación antes de iniciar reformas que aumenten el potencial recaudatorio del sistema tributario” , señalando que “el legislador tendrá que considerar… que las reformas no lastren la recuperación”. No obstante ello, también señalan que consideran acertado “un anuncio temprano de las reformas” , lo cual no podemos compartir por cuanto que ello llevaría a la toma, o no toma, de decisiones por los agentes económicos en el corto y medio plazo de corte “conservador” o “preventivo” que mucho nos tememos que en nada ayudarían a apuntalar el débil crecimiento económico que empezamos a tener nuevamente en un contexto de crisis global.

Es decir, creemos que lo que mas puede ayudar en este delicado momento económico en el que nos encontramos es el descartar totalmente para el corto y medio plazo cualquier política que persiga ajustes fiscales con meros fines recaudatorios.- Los ajustes deberán ser en las políticas de gasto, en las de prevención del fraude fiscal, y tomando medidas que fomenten mayor actividad económica y con ello mayor recaudación con la misma estructura impositiva. En síntesis, el informe plantea 118 propuestas de reforma entre las que podemos destacar:

Creen necesario afianzar la recuperación antes de iniciar reformas que aumenten el potencial recaudatorio del sistema

IRPF: Supresión de exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales (Estimación Objetiva Singular) y simplificación y reducción de la obligación formal de declarar.

· IVA: Evolución progresiva a un sistema de IVA simplificado a un tipo único general, suprimiendo regímenes especiales aplicables a sectores concretos. Compensación a todos los “afectados” por la reforma (hogares, pymes, autónomos, agricultura…) con prestaciones directas desde los PGE o deducción fiscal reembolsable en el IRPF.

· Imposición societaria: Se propone seguir una senda de armonización del IS a escala internacional, mantener el tipo general, reformar la base imponible y mejorar el diseño del impuesto.

· Imposición saludable: Se propone subidas en impuestos especiales de tabaco, cigarrillo electrónico, alcohol y bebidas alcohólicas (sin descartar cerveza y vino) y bebidas azucaradas para “disuadir del consumo excesivo”.

· Armonización tributaria patrimonial: Se plantea el mantenimiento del Impuesto de Patrimonio (no existe ya en la UE) y de Sucesiones y Donaciones. En ISD se propone ampliar la base imponible y redefinir la capacidad normativa de las CCAA de régimen común avanzando o limitando sus competencias.

La polémica y el debate sobre las propuestas planteadas está servida. Esperemos que el Gobierno no caiga en la tentación de implementarlas ahora y que tan solo sea este informe un elemento más de reflexión para una futura reforma fiscal (sin duda necesaria) que, en un momento de estabilidad económica, desde la prudencia y sin demagogia cuente antes de su implementación con el aval mayoritario de las urnas.