El Economista - Buen Gobierno y RSC
El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de defensa de denunciantes
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y la corrupción. Se trata de una norma que transpone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Con esta norma, cualquier ciudadano podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral, profesional o funcionarial, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario. El nuevo anteproyecto establece, entre otras cuestiones, un régimen jurídico que garantiza la protección de aquellas personas que en el seno de organizaciones públicas y privadas, comuniquen información relativa a infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional.
Este anteproyecto de ley, abarca las tipologías de delitos e infracciones administrativas, de tal manera que se configura como una herramienta para combatir cualquier quebranto económico contra la Hacienda Pública, así como aquellos aspectos que vulneren la seguridad y salud en el trabajo. La norma también regula los sistemas internos de información, que se perfilan como cauce preferente dentro de la libertad del informante para elegir el canal a seguir según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere, garantizando asimismo el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como el financiero, seguros, auditoría, competencia o mercados de valores.
La norma, que transpone la Directiva europea, busca la protección de las personas que informen de operaciones sospechosas de corrupción en empresas y Administraciones
Establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresas con más de 50 trabajadores como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. Estas podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos para gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se realiza por la entidad como si se ha externalizado, respetándose en todo caso las garantías previstas en esta ley. En la misma línea, con su entrada en vigor estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.