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Los expertos proponen introducir un mínimo en Patrimonio y Sucesiones
El comité de expertos nombrado por la ministra de Hacienda ha entregado en el Ministerio esta mañana su Libro Blanco, un informe en el que han trabajado en los últimos diez meses. El documento aboga establecer un límite mínimo en los impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, aunque dejando margen a las comunidades autónomas para acordar subidas o bajadas. Según ha explicado el presidente del comité de expertos para la reforma fiscal, Jesús Ruiz-Huerta, el objetivo de esta medida es evitar vaciar de contenido estos tributos y “garantizar un cierto equilibrio” competencial.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha agradecido el trabajo a los expertos, pero descarta aplicar las subidas fiscales que propone el texto. “No es el momento”, ha declarado.
El presidente del comité apuesta por el mantenimiento de ambos impuestos sobre la riqueza, aunque elevando los mínimos exentos, suavizando la escala del gravamen y sometiendo a un proceso de evaluación las reducciones y bonificaciones. España está entre los tres países que mantendrán el Impuesto sobre Patrimonio (IP) tras su extinción en el resto de las economías desarrolladas. Tras la decisión del Gobierno francés de eliminar este impuesto y sustituirlo por otro específico para gravar los inmuebles, solo Noruega, Suiza y España mantienen en su legislación tributaria esta figura. Colombia opera actualmente un IP, pero es de carácter temporal y expira este año.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ‘dinamitado’ las conclusiones del informe de reforma fiscal del grupo de trabajo que encargó el año pasado.
Con respecto a la “armonización” autonómica de estos tributos, que han vivido una “competencia a la baja” entre regiones, ha apostado por un mínimo exento y “mantenimiento de competencias normativas al alza y a la baja” para asegurar un “equilibrio” entre competencias normativas y autonomía tributaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que pedirá a la UE amparo para su autonomía fiscal.
En temas medioambientales, ha destacado que España “ha estado muy retrasada” y que la imposición debe jugar un papel esencial bajo el principio de “quien contamina paga”. A su juicio, “es necesario poner el énfasis en tributación ambiental: no se puede retrasar más” un “aumento general” de la fiscalidad de los hidrocarburos, equiparando diésel y gasolina, y bajadas tributarias en el ámbito de la electricidad.